El sindicato Comisiones Obreras ha hecho pública una contundente advertencia sobre la situación de las becas y ayudas económicas ofrecidas por la Administración General del Estado y la del País Vasco, señalando que estas son "insuficientes" y no logran cubrir las necesidades reales de los estudiantes universitarios.

Este análisis forma parte del informe titulado 'La financiación de la educación universitaria en España', donde el sindicato enfatiza la importancia de la financiación en la educación pública universitaria como un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa en el país.

Durante el curso académico 2022-2023, se observó que el 24,1% de los estudiantes de Grado recibían alguna beca de las administraciones mencionadas, cifra que es considerablemente más alta en las universidades públicas (27,3%) comparado con el 8% en el ámbito privado. Además, las mujeres beneficiarias superan en número a los hombres, alcanzando un 27,5% frente al 19,6% de ellos; en programas de máster, estos porcentajes son del 17,6% en públicas y del 6% en privadas.

Para mejorar la inclusión y asegurar que los estudiantes de familias con ingresos bajos o medianos puedan continuar su educación superior, CCOO considera esencial elevar y ampliar las ayudas económicas destinadas a cubrir matrículas, materiales, manutención y transporte, garantizando así que todos los estudiantes que lo necesiten tengan acceso a estos recursos.

Además, el informe destaca una preocupante tendencia: desde 1999, las inscripciones en grados y másteres en universidades públicas han disminuido en un 18%, mientras que las matrículas en centros privados han aumentado explosivamente en un 368%, especialmente en programas a distancia.

En el contexto del mapa universitario en España, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía concentran un gran número de universidades, siendo Madrid la principal en el sector privado presencial y Cataluña líder en la educación a distancia.

Actualmente, en el curso 2023-2024, el país cuenta con 91 instituciones universitarias, distribuidas en 50 públicas y 41 privadas. Las universidades en España son en su mayoría de carácter presencial, con solo siete de ellas funcionando en modalidad no presencial.

La última universidad pública inaugurada en el país fue la Universidad Politécnica de Cartagena en 1998, cuando había solo catorce universidades privadas. Desde entonces, se han sumado 27 universidades privadas, lo que refleja un notable crecimiento del 65,88% en esta modalidad educativa.

La investigación señala que el gasto público destinado a la educación superior en España enfrenta el desafío de aumentar para alinearse con la media de otros países europeos. En 2021, España dedicó el 2,19% de su gasto público a la educación superior, cifra inferior a la de la OCDE (2,72%) y la UE (2,44%).

Asimismo, el gasto público en educación superior se situó en el 0,96% del PIB, siendo la cifra destinada a universidades un 0,83%, también por debajo de los niveles de la OCDE (0,99%).

El coste total por estudiante en las instituciones de educación superior en España en 2021 fue de 14.432 euros, lo que representa un 23,6% menos que la media de la OCDE (18.900 euros) y un 21,8% inferior a la de la UE (18.465 euros).

La financiación de las universidades públicas se basa en gran medida en las transferencias de las comunidades autónomas, que representan el 65% de sus ingresos. Otras fuentes de financiación incluyen el cobro de tasas académicas, que proporcionan un 13,5% de los ingresos. Estos fondos se destinan principalmente a cubrir los gastos de personal, que constituyen el 64,51% del total, así como gastos en bienes y servicios, con un 13,41% del total gasto.

En el caso de las universidades privadas, la mayor parte de su financiación proviene de las matrículas y cuotas de los estudiantes, que representan el 91% de sus ingresos, además de contribuciones de donantes privados.

CCOO ha señalado que existen "formas indirectas" de financiación pública dirigidas a estas instituciones privadas, lo cual incluye becas y ayudas al alumnado, exenciones fiscales y subvenciones para la investigación y desarrollo, así como el acceso a terrenos y otros recursos. Esto sugiere, según el sindicato, que hay una transferencia de fondos públicos que favorece el crecimiento tanto en cantidad como en matrículas de las universidades privadas.

El documento también remarca que desde 2009, los ingresos de las universidades públicas han caído un 14% en términos reales, situación que afecta tanto a la calidad académica como al acceso para los estudiantes. Es notorio que existen desigualdades significativas en la financiación de universidades entre diferentes comunidades, lo que contribuye a una variada calidad educativa.

CCOO enfatiza que las universidades públicas están comenzando a depender cada vez más de las tasas de matrícula para compensar la falta de financiación pública, lo que representa una carga económica adicional para los estudiantes y sus familias. Las tasas varían notablemente entre comunidades, con los precios más altos registrados en Madrid, Navarra y Cataluña, donde alrededor del 22% y 20% de los ingresos de las universidades públicas provienen de las aportaciones del alumnado.

Además, se destaca que el gasto de las familias en educación superior en España supera la media de los países de la OCDE. En 2020, los hogares españoles asumieron el 30,38% del gasto total en educación terciaria, en comparación con el 22,02% de la media de la OCDE.

Según la Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación correspondiente al curso 2019-2020, el gasto promedio por estudiante en universidades públicas era de 1.344 euros, comparado con los 5.271 euros en universidades privadas. Este monto incluye no solo las matrículas, sino también otros gastos como alojamiento, comida, material y transporte.

Con el fin de asegurar la accesibilidad al sistema universitario, el sindicato concluye que es necesario seguir disminuyendo las tasas universitarias para facilitar el acceso y mitigar la segmentación socioeconómica en los distintos niveles educativos y entre comunidades autónomas. El objetivo, subraya, debe ser alcanzar la gratuidad de las tasas en las universidades públicas.