BRUSELAS, 28 de enero.

En un próximo debate programado para marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se centrará en el uso de pulseras telemáticas para la protección en casos de violencia de género, así como en la controversia relacionada con la exigencia de utilizar balizas V16 en las carreteras. Estas iniciativas ciudadanas han sido admitidas para su consideración.

Los eurodiputados examinarán dos casos específicos: uno impulsado por la asociación ANAVID, que se dedica a brindar apoyo a las víctimas de violencia familiar, y otro presentado por la Confederación Española de Policía. Ambos grupos han expresado su preocupación por las deficiencias del sistema COMETA, encargado de monitorear a los agresores a través de tecnología.

Entre los problemas señalados se incluyen fallos en la geolocalización, desconexiones no notificadas, pérdida de información clave y obstáculos para acceder a datos judiciales. Según los denunciantes, estas fallas han llevado a situaciones de desprotección y repercusiones legales negativas para las víctimas.

Las quejas también apuntan a posibles infracciones de las normativas de la Unión Europea en cuanto a la protección de las víctimas, además de dudas sobre la supervisión de los fondos europeos destinados a dicho sistema, incluidos aquellos relacionados con el programa 'NextGeneration EU'.

Adicionalmente, se discutirá un reclamo ciudadano en relación a la nueva obligación impuesta por el Gobierno español de que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos utilicen la baliza V16 conectada al sistema DGT 3.0.

Los proponentes de esta petición argumentan que esta normativa podría contradecir el Derecho comunitario, ya que solo afecta a los conductores de vehículos registrados en España, mientras que los automóviles de otros países de la UE tendrían privilegios en este sentido.

Este enfoque podría configurarse como una forma de discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE, además de contradecir el principio de proporcionalidad. También se prevé que esta regulación pueda distorsionar el mercado interno, facilitando la proliferación de dispositivos que no cumplen con las normas de calidad o que son fraudulentos, al tiempo que habría una falta de control sobre sus certificaciones.

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha expresado su respaldo a la protesta, afirmando: "No es justo que se imponga a millones de conductores españoles un coste financiero que no se exige a otros ciudadanos europeos, y mucho menos hacerlo bajo la falsa justificación de Bruselas".