Estudio de Deloitte revela que el impuesto al plástico está afectando la competitividad de España, el único país que lo implementa.

MADRID, 29 de marzo.

Desde su implementación en enero de 2023, el Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables ha sido motivo de debate en España, y su impacto negativo en la competitividad del país frente a otros miembros de la Unión Europea ya es evidente, según un reciente estudio de Deloitte, reproduciendo información de Europa Press.

Este impuesto, impulsado por la ministra de Transición Ecológica de aquel entonces, Teresa Ribera, quien hoy ocupa el cargo de vicepresidenta y comisaria europea, tenía como objetivo promover la economía circular y desarrollar estrategias económicas en la gestión de residuos. Sin embargo, su efecto ha resultado contraproducente a la hora de fomentar la reducción de desechos y la mejora en su gestión.

El informe revela que ningún otro país de la UE ha adoptado esta medida debido a sus efectos perjudiciales sobre la economía. Este tributo no solo impacta al sector de plásticos, sino que afecta a una amplia gama de industrias en España que utilizan envases plásticos para sus productos, lo que resulta en encarecimiento y burocracia innecesaria en sus operaciones.

El impuesto en cuestión se aplica a los envases no reutilizables que contienen plástico, así como a los productos plásticos intermedios destinados a su fabricación y a otros artículos que faciliten el cierre o la presentación de dichos envases.

El análisis de Deloitte indica que la instauración del impuesto coincidió con un aumento significativo de las importaciones de productos que caen bajo su ámbito. Curiosamente, la mayoría de estas importaciones provienen de solo tres países: Brasil, Arabia Saudí y Egipto.

Esta situación ha conferido una ventaja competitiva a estos países importadores, lo que, según el informe, se podría considerar una maniobra insidiosa. Un caso particular mencionado es el del film estirable, un producto esencial y altamente especializado en la industria.

Para los productores nacionales, el nuevo tributo se aplica a todas las transacciones facturadas desde el 1 de enero de 2023, sin importar cuándo se fabricó el envase o cuándo se adquirió la materia prima. En contraste, las importaciones solo se ven gravadas al entrar al territorio español desde esa misma fecha.

Este escenario llevó a un "adelanto masivo" de las importaciones en 2022, con el objetivo de evitar la carga fiscal; como resultado, dicho año se registró un incremento del 31,8% en las importaciones, alcanzando 95,200 toneladas.

A la par, las ventas y la producción de las empresas nacionales experimentaron un fuerte descenso, entre un 20 y un 30%, en comparación con el año anterior.

A menudo, los productores nacionales ahora se enfrentan a un desafío adicional: la importación de film estirable que es certificado como plástico reciclado, con un alarmante 90% de los materiales importados que podrían ser considerados "fraudulentos", cuando el límite debería ser solo del 30%.

Esto ha resultado en que el costo medio de un producto nacional, sumando el impuesto, se sitúe en torno a 2,27 euros por kilogramo, en comparación con los 1,19 euros por kilogramo de los productos importados de Brasil, Arabia Saudí y Egipto, que representan una parte significativa de las importaciones.

La diferencia de costos impositivos, que se sitúa entre el 25% y el 30% del precio final, según Deloitte, socava la competencia leal y amenaza con desplazar a los productores españoles del mercado. Se ha documentado que en 2024, Arabia Saudí, Brasil y Egipto han centralizado un 71% de sus exportaciones de film estirable en España, reforzando esta tendencia.

El informe concluye que este impuesto ha perjudicado gravemente al sector del plástico, desencadenando una crisis significativa en la industria. Además, advierte que ha incrementado notoriamente los costos operativos y administrativos para todas las industrias en el país.

Por todo lo anterior, el estudio subraya la posición desventajosa en la que queda España frente a otros países de la UE y mercados globales que no imponen gravámenes similares. También se menciona un incremento en el uso de envases que mezclan materiales, como papel y plástico, complicando el reciclaje.

Aunque la legislación que estableció el impuesto contempla una exención para envases con contenido reciclado, esta provisión no es técnica ni prácticamente verificable, ya que no se dispone de un análisis físico o químico que pueda demostrarlo.

Ante este panorama, Deloitte propone reformas legales, técnicas y operativas que aseguren la efectividad recaudatoria, la seguridad jurídica y la coherencia del impuesto con sus objetivos medioambientales.