En Madrid, el 25 de septiembre, ha surgido una fuerte preocupación entre los estudiantes universitarios respecto al inminente avance del Ministerio de Trabajo y Economía Social hacia la aprobación del Estatuto del Becario. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha expresado su descontento ante la falta de consulta con las universidades y los propios estudiantes en este proceso crucial.

Los representantes estudiantiles han señalado que desde hace más de dos años están demandando atención y participación en la elaboración del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, un documento que a su juicio tiene un impacto significativo en la calidad de la educación superior. La organización ha subrayado que la falta de diálogo ha obstaculizado la creación de un marco que realmente beneficie a la comunidad académica.

Según los estudiantes, el borrador que se ha estado manejando presenta importantes deficiencias tanto técnicas como políticas. A pesar de los intentos de rectificación en este intervalo de dos años, no se ha logrado establecer un proceso efectivo de discusión que involucre a las instituciones educativas y al alumnado, lo que ha generado frustración y desilusión.

CREUP sostiene que el Ministerio de Trabajo ha optado por una vía rápida que podría no abordar adecuadamente los retos asociados a las prácticas académicas. Los estudiantes advierten que es inaceptable crear legislación sobre estas prácticas sin considerar la opinión de aquellos que están directamente involucrados, desde los coordinadores de programas hasta los propios practicantes.

La organización estudiantil enfatiza que solo quienes están dentro del sistema educativo pueden identificar las deficiencias existentes y ofrecer soluciones prácticas. Por lo tanto, hacen un llamado al Ministerio para que abandone su enfoque unilateral y se comprometa a un proceso de trabajo que incluya a todos los actores relevantes: universidades, profesores y estudiantes.

Además, CREUP recalca que es fundamental establecer un marco legislativo que resguarde los derechos de los estudiantes, garantizando que las prácticas mantengan su valor educativo y no se conviertan en una forma de explotación laboral. Insisten en que la norma no debe ser un producto de improvisaciones ni un instrumento al servicio de objetivos políticos.

Finalmente, la CREUP insta al Gobierno a escuchar las voces esenciales que llevan a cabo y gestionan las prácticas, si realmente desean implementar una ley que combata la precariedad que muchos enfrentan en este ámbito académico.