El 1 de junio, desde Madrid, se presenta una fuerte iniciativa legislativa por parte de Esquerra Republicana (ERC), que ha instado al Gobierno a promover activamente la tramitación de una proposición de ley que regula el alquiler temporal y el alquiler de habitaciones. Esta propuesta, que cuenta con el respaldo de formaciones como Sumar, Bildu, Podemos y BNG, busca su aprobación en el Congreso antes del cierre del periodo de sesiones, previsto para el 30 de junio.

La solicitud de ERC se formalizó a través de una moción que siguió a una interpelación urgente realizada por la portavoz de Vivienda de la formación, Etna Estrems, durante la sesión plenaria del 28 de mayo. En este contexto, Estrems mostró su descontento con el comportamiento del PSOE, acusando al partido de intentar obstaculizar las negociaciones relacionadas con esta proposición.

En el mismo debate, se destacó cómo Sumar tuvo que aliarse con el Partido Popular para poder avanzar en la tramitación de esta ley, dado que el PSOE se posicionó en contra de la misma. Ahora bien, con el cierre del plazo de enmiendas ya efectuado, los diferentes grupos del Congreso han hecho llegar sus propuestas para debatir el contenido de la ley, aunque todavía no hay una fecha definida para la convocatoria de la ponencia correspondiente.

La moción de ERC incluye medidas que buscan combatir la especulación en el sector inmobiliario, como la creación de un impuesto progresivo sobre la acumulación de propiedades, el cual se aplicaría a partir de la tercera vivienda adquirida. Esta tasa se sumaría al tipo de IVA ya existente en las transacciones inmobiliarias.

Además, ERC plantea la necesidad de eliminar los beneficios fiscales que actualmente reciben las Socimis y propone facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes menores de 35 años, aplicando un tipo reducido de IVA a la compra de su primera vivienda. Este tipo privilegiado debería ser equiparable al que se aplica a las viviendas protegidas o de promoción pública.

Otra de las propuestas de ERC, que coincide con la postura del PSOE, es la aplicación de un IVA del 21% a los alquileres turísticos, incluyendo aquellos gestionados por plataformas digitales. Esta medida busca aumentar la regulación sobre el sector de alquileres temporales.

ERC también ha solicitado al Gobierno que modifique la normativa fiscal municipal para permitir que los ayuntamientos en áreas con un mercado residencial tenso puedan aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas turísticas y las propiedades que pertenezcan a grandes propietarios, especialmente si estos no han probado haber residido en el país por un período mínimo de cinco años.

Finalmente, el partido aboga por la creación de un entorno fiscal que favorezca el desarrollo de cooperativas de vivienda bajo el régimen de cesión de uso. Esto incluiría ajustes en el IBI y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como incentivos para los ciudadanos que decidan participar en estos proyectos cooperativos.

Además, ERC hace hincapié en la necesidad de asegurar que la competencia civil de las comunidades autónomas en materia de vivienda y los regímenes especiales relacionados con los contratos de arrendamiento no sean cuestionados por ninguna administración pública.