En un reciente informe, se ha destacado que España figura entre los seis países de la ONU que han implementado normativas diseñadas para combatir el acoso por razones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Esta información proviene de la Base de Datos de ILGA Mundo, que identifica a Andorra, Finlandia, Grecia, Países Bajos y Portugal como los otros cinco Estados que han adoptado medidas similares para proteger a los jóvenes de estas formas de hostigamiento.

No obstante, la federación advierte que al menos uno de estos factores de acoso está explícitamente mencionado en la legislación de al menos 40 países miembros de la ONU. A pesar de esto, solo representan alrededor del 20% de las naciones en el mundo, resaltando la limitada cobertura que existe en este ámbito.

Gurchaten Sandhu, Director de Programas de ILGA Mundo, ha expresado que, independientemente de las creencias o contextos personales, la mayoría de la población desea que los jóvenes puedan acceder a una educación segura y con un futuro prometedor.

Sandhu también ha abordado el problema del acoso escolar, descrito como un significativo impedimento en el desarrollo de los estudiantes. Además, ha señalado que la falta de acción por parte de los gobiernos no solo perpetúa estos obstáculos, sino que los agrava, convirtiendo un camino ya complejo en uno casi intransitable.

Las consecuencias del acoso escolar son graves, afectando la salud mental de los estudiantes LGBTI e impactando sus oportunidades académicas y laborales. El expert en el tema advierte que la inacción estatal no solo afecta a este colectivo, sino que también perjudica a la sociedad en su conjunto, elevando los costos en salud y asistencia social.

Según los datos presentados por ILGA Mundo, muchas de las jurisdicciones que han implementado leyes para combatir el acoso lo hacen a través de normativas educativas o de igualdad de trato, que prohíben explícitamente cualquier forma de acoso por razones de orientación sexual, identidad de género y otros factores similares en el ámbito educativo.

Algunas regiones han ido más allá, incluyendo disposiciones específicas en sus leyes que protegen a la infancia, como es el caso de Francia, donde el acoso puede ser penado con prisión.

Curro Peña, consultor de investigación de ILGA Mundo, sostiene que estas leyes implican un reconocimiento por parte de los Estados sobre el acoso escolar como un tipo particular de violencia que no solo afecta a los jóvenes sino que también implica a quienes perpetran estas agresiones.

Debido a esta realidad, muchas jurisdicciones han optado por enfoques pedagógicos para abordar el problema, buscando reparar a las víctimas y educar a los agresores en lugar de recurrir a sanciones penales.

A pesar del clima global actual, donde los debates sobre educación se han visto polarizados, la Federación destaca que varios países miembros de la ONU están avanzando con decisiones concretas para salvaguardar a los jóvenes LGBTI del acoso escolar.

En los últimos años, naciones como Chile, Estonia y Ucrania han considerado legislaciones en este sentido, mientras que en las Islas Salomón, se ha iniciado una consulta pública para formular políticas que aborden el acoso teniendo en cuenta la orientación sexual de los estudiantes.

Además, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dictaminado que las autoridades educativas tienen la obligación de prevenir y responder ante el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género, reafirmando el derecho de todos a una educación libre de discriminación.