En un reciente informe divulgado en Madrid, se ha puesto de manifiesto que España se ha posicionado como el principal exportador de gas fósil de Nigeria durante el año 2023. Este hallazgo resalta las serias repercusiones sociales y medioambientales que la industria extractiva está infligiendo en el territorio africano, indicaron los reportes elaborados por la red Gas No Es Solución, que incluye a Ecologistas en Acción, en cooperación con Connected Advocacy.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Sofía Fernández, hizo hincapié en las devastadoras consecuencias que tiene el consumo de gas fósil en España sobre las comunidades nigerianas. "Es imperativo que las empresas que han causado estos daños sean responsables y efectúen reparaciones, siguiendo el principio de ‘quien contamina, paga’", expresó Fernández, subrayando la necesidad de justicia frente a las agresiones medioambientales.

Nigeria, que cuenta con uno de los sistemas de gas más grandes del continente africano, está proyectando varias infraestructuras de gas, incluyendo gasoductos que conectarán con Libia, Marruecos y otros países, hasta llegar a España. Estas iniciativas podrían tener implicaciones significativas tanto para la economía nigeriana como para su desarrollo social.

A pesar de la abundancia de recursos, es alarmante que cerca del 30% de la población en Nigeria carezca de acceso a la electricidad, mientras que una gran parte del gas que se extrae se destina a la exportación. Además, las comunidades, especialmente en el Delta del Níger, están padeciendo una creciente desigualdad, que se ha visto agravada por problemas de contaminación y la degradación ambiental que ha marcado su historia durante décadas.

La quema de gas en antorcha se ha señalado como una práctica que representa un riesgo considerable para la salud pública, y a esto se suma una creciente preocupación por las infraestructuras proyectadas, que podrían desviar recursos cruciales del desarrollo nacional, además de potencialmente aumentar la deuda en un país que ya destina una parte significativa de su presupuesto al pago de deudas externas.

Las críticas también se han dirigido hacia la actuación de empresas extranjeras como Santander, Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor. Estas compañías son acusadas de obtener grandes beneficios a expensas de las comunidades locales. Las organizaciones detrás del informe advierten que este modelo extractivo impuesto al Sur Global perpetúa un patrón histórico de explotación que incluye violaciones a derechos humanos y un dudoso cumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).