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España impulsa en la UE un voto para sancionar el comercio con asentamientos israelíes

España impulsa en la UE un voto para sancionar el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, buscando una postura más alineada con el Derecho Internacional.

Redacción · Crónica España 2 min de lectura

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado a la Unión Europea que someta a votación la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. La propuesta busca determinar qué países apoyan la aplicación del Derecho Internacional en la política exterior del bloque.

Este movimiento surge en un contexto de división interna dentro de la UE respecto a la política hacia Israel y los territorios ocupados. España, junto con otros países, ha tomado una postura clara en favor del cumplimiento de la jurisprudencia internacional, en particular de las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La iniciativa de Albares busca fortalecer la coherencia del bloque en esta materia.

La propuesta ha generado debate sobre su viabilidad jurídica, dado que la decisión sobre comercio exterior requiere mayoritariamente una votación por mayoría cualificada. Sin embargo, la consideración de la medida como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) implicaría la necesidad de unanimidad. La división refleja las diferentes posiciones de los Estados miembros sobre el asunto.

Desde Madrid, Albares ha subrayado que España ya aplica un veto unilateral al comercio con los asentamientos desde hace meses, sin esperar una decisión comunitaria. La postura del gobierno español busca posicionar al país como ejemplo de coherencia con el Derecho Internacional en política exterior y presionar a otros países del bloque a seguir su ejemplo.

El debate en la UE se enmarca en una estrategia más amplia para responder a las tensiones en Oriente Medio y consolidar una postura común frente a las políticas de Israel en los territorios ocupados. La iniciativa refleja también la creciente influencia de los países europeos que defienden una política exterior más alineada con la legalidad internacional.

De cara al futuro, la discusión podría marcar un punto de inflexión en la política comunitaria, dependiendo de si logra consolidarse una posición unificada. La decisión final tendrá implicaciones en las relaciones diplomáticas tanto con Israel como con los países árabes, en un contexto de creciente interés internacional por la situación en Cisjordania y Gaza.

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