En un paso que promete marcar la agenda política de la semana, el Senado español se prepara para discutir el miércoles una propuesta de ley impulsada por ERC. Esta iniciativa busca otorgar a las administraciones públicas, incluidas el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la capacidad de incurrir en déficit estructural en situaciones de desastre natural, emergencias o crisis económicas que puedan afectar gravemente su estabilidad financiera.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en una reforma de la Ley Orgánica 2/2012 referente a la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera. En particular, se enfoca en modificar los artículos 11 y 12, estableciendo la necesidad de que se presente un plan de reequilibrio a medio plazo. Para las entidades locales, esta modificación también exige que su ratio de endeudamiento no supere el 110% de sus ingresos corrientes.

Además, ERC plantea que los ayuntamientos que hayan logrado un superávit presupuestario en el año anterior y que cumplan con los objetivos de sostenibilidad financiera, puedan destinar recursos adicionales que sobrepasen el límite establecido en la regla de gasto, siempre y cuando estos gastos no sean de carácter estructural.

El objetivo detrás de esta propuesta es claro: garantizar que cualquier aumento del gasto esté alineado con los principios de estabilidad presupuestaria, evitando así desequilibrios fiscales innecesarios.

Esquerra también sugiere modificar otros apartados de la ley para liberar a las administraciones que demuestren un nivel de endeudamiento por debajo de los límites legales de la obligación de destinar su superávit únicamente a la reducción de la deuda pública.

Sin embargo, hay condiciones. El pago de los intereses y del capital de la deuda pública debe ser la prioridad absoluta, salvo en casos excepcionales como catástrofes naturales o emergencias sanitarias, y siempre que se cumplan los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera.

Este debate llega en un momento en que la utilización del remanente de tesorería para el pago de la deuda ha estado en la mira de la Cámara Alta, generando diálogo entre diversos grupos parlamentarios. El Partido Popular, que posee la mayoría en el Senado, y ERC respaldaron recientemente una moción de Junts que facilitaría a los ayuntamientos utilizar sus remanentes para proyectos de beneficio ciudadano, en lugar de estar obligados a amortizar su deuda.

Esta moción recibió apoyo de varias agrupaciones políticas, como Compromís y Coalición Canaria, aunque el PSOE se opuso y otros partidos como el PNV y BNG optaron por abstenerse, lo que refleja la complejidad y tensiones que rodean el manejo financiero de las administraciones en el país.