El diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal, ha expresado su descontento con las sentencias que exigen impartir un 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, argumentando que estas van en contra de la LOMLOE, también conocida como la Ley Celáa. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la diversidad lingüística y la protección del catalán.
"Quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de España con la diversidad lingüística en nuestro país y con la protección del catalán", declaró el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados este miércoles.
Bolaños hizo mención a dos acuerdos alcanzados con ERC. El primero se refiere a la posibilidad de utilizar el catalán en el Parlamento Europeo, una meta en la que, según él, se está trabajando para lograrla. El segundo pacto, añadió, consiste en la promulgación de una ley sobre garantía del plurilingüismo en España en el Congreso de los Diputados. "No solo es un compromiso del Gobierno de España en el ámbito educativo, también lo es en el judicial. Hemos aprobado una ley orgánica sobre el derecho a la defensa que asegura el uso de las lenguas cooficiales en los tribunales de ámbito nacional en nuestro país", recordó.
Además, Bolaños subrayó que el acuerdo con ERC "garantiza que todos los estudiantes que completen su ciclo educativo sean capaces de manejarse con soltura en ambas lenguas", el castellano y el catalán. "Este gobierno siempre defenderá tanto el castellano como el catalán y cualquier otra lengua cooficial, porque todas son un patrimonio de España", afirmó.
Por su parte, el diputado de ERC hizo hincapié en que el sistema educativo catalán asegura que, al finalizar sus estudios, los alumnos dominen el catalán, el castellano y una lengua extranjera. "Esto es igualdad de oportunidades. Sin embargo, hay datos que indican que el uso social del catalán está disminuyendo", lamentó Álvaro Vidal.
El diputado catalán señaló que el Comité de Expertos del Consejo de Europa ha afirmado claramente que las sentencias judiciales que exigen que un 25% de las clases sean en castellano en las escuelas catalanas van en contra de la Carta Social Europea, impidiendo así la aplicación de lo establecido en el continente.
"Nos preocupa especialmente que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y posteriormente el Tribunal Supremo, hayan dictaminado esta obligación, ya que además va en contra de la LOMLOE y de todas las normativas relacionadas con las lenguas minoritarias", concluyó.
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