Elma Saiz denuncia que PP y Vox buscan segmentar centros de menores en Valencia, calificándolo de 'apartheid político'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado su preocupación ante la propuesta de los partidos de la Comunidad Valenciana, PP y Vox, de ubicar los centros de menores extranjeros no acompañados en zonas alejadas de las áreas urbanas. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Partido Popular en las Cortes Valencianas, tiene como objetivo desplazar estos centros lejos de las ciudades, lo que Saiz ha calificado como un intento de segregación social.

Este enfrentamiento forma parte de un contexto político marcado por las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos, donde las alianzas entre partidos tradicionales y la ultraderecha están generando tensiones en materia de política migratoria y social. La postura del PP, que en los últimos meses ha adoptado posiciones más cercanas a Vox, ha sido criticada por su coherencia y por su impacto en las políticas sociales del Estado.

En concreto, Saiz ha acusado al PP de renunciar a principios de integración y de ceder ante las presiones de Vox, en un momento en que el Gobierno central impulsa medidas para regularizar a migrantes en situación irregular y promover la inclusión social. La ministra ha resaltado que estas acciones buscan garantizar derechos y evitar la segregación, en contraste con las propuestas que buscan alejar los centros de menores de la atención urbana.

El debate en la Comunidad Valenciana refleja también las tensiones existentes en otras regiones del país, donde la ultraderecha ha incrementado su influencia y presiona por políticas restrictivas. La propuesta de Vox y su apoyo al PP en esta materia evidencian una tendencia política que prioriza la exclusión en lugar de la integración social.

Este episodio se enmarca en un escenario más amplio de reconfiguración del mapa político en España, donde las alianzas y las políticas migratorias están siendo objeto de controversia. La postura del Gobierno central continúa defendiendo un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos humanos, en oposición a las propuestas que buscan dividir a la sociedad en función de la procedencia o la situación social.