MADRID, 30 de noviembre.

El Real Decreto 933/2021, que regula el registro documental, entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, después de haber sido prorrogado tres veces y de haber suscitado un aluvión de críticas por parte del sector turístico. Este último lo califica como "inaceptable" y ya está evaluando acciones legales ante su inminente implementación.

Entre las principales quejas del sector se encuentran la posible incompatibilidad de esta normativa con las regulaciones de la Unión Europea. Los profesionales de la industria argumentan que la entrada en vigor del decreto generaría "inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento". Asimismo, advierten que crearía desventajas competitivas tanto en el ámbito nacional como en el europeo, evidenciaría una falta de adecuación tecnológica y aumentaría la carga administrativa, siendo que el 95% de las empresas del sector son pequeñas y medianas empresas (pymes).

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha calificado de "inaceptable" esta normativa y ha confirmado su intención de seguir adelante con las acciones legales en relación a la exclusión de las agencias de viajes, así como de otros segmentos específicos de la industria, como el MICE y las actividades corporativas.

Por su parte, Catiana Tur, gerente de la patronal de agencias de viaje, Acave, subrayó la "inseguridad jurídica" que plantea el Real Decreto 933/2021. Además, hizo hincapié en que el sector no fue consultado antes de la elaboración de la orden ministerial relativa al nuevo registro de viajeros.

Al respecto, César Gutiérrez, presidente de Fetave, expresó su incredulidad ante la implementación concreta del Real Decreto, dado que varios informes, incluidos el de la Agencia de Protección de Datos, el de la Comisión Europea y el del Consejo de Estado, señalaban múltiples incompatibilidades con las leyes existentes.

Las quejas también provienen del sector hotelero. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha denunciado que el nuevo reglamento perjudicará no solo a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que utilicen hoteles y alojamientos en sus viajes por el país.

Según sus argumentos, los viajeros nacionales tendrán que lidiar con trámites administrativos más complejos, lo que comprometería su experiencia durante su estancia.

Entre las acciones que están considerando, los hoteleros están colaborando con expertos legales para evaluar las posibles vías judiciales para impugnar la normativa, alegando su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas.

La patronal Cehat sostiene que estas acciones son "necesarias" para proteger los derechos de los viajeros y garantizar un marco regulatorio "equilibrado y justo" para los establecimientos turísticos.

"Hemos estado durante meses pidiendo un diálogo y propuestas concretas que aseguren la seguridad jurídica y viabilidad del sector, pero no hemos obtenido respuesta. Ante esta falta de voluntad política, estamos obligados a considerar acciones legales para salvaguardar tanto a los empresarios como a los viajeros", comentó Jorge Marichal, su presidente.

Una situación similar se presenta en el ámbito de las agencias de viaje, donde Acave, UNAV y Fetave han manifestado su intención de estudiar acciones legales contra el nuevo registro de viajeros.

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones subrayaron que el decreto "vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de información sensible y personal que exige recopilar a las empresas".

Respecto al anuncio de una orden ministerial que se someterá a una audiencia pública de dos semanas, las patronales de agencias consideran "altamente improbable" que se reduzca la obligación de comunicar nuevos datos de carácter personal "tan sensibles" como la información de las tarjetas de crédito de los turistas.

CEAV, por su parte, ha exigido que la orden ministerial incorpore las reivindicaciones del sector y limite la cantidad de datos a presentar, además de asegurar la exclusión de actividades como las corporativas y MICE, así como de grupos, y especialmente de la intervención de agencias de viajes y turoperadores extranjeros.

En lo que respecta a la versión del Ministerio del Interior sobre "una interlocución permanente con los sectores afectados", CEAV ha desmentido el "contacto continuo" que el departamento ministerial afirma mantener con la industria.

"El sector se entera de los planteamientos del Ministerio a través de fuentes externas, a pesar de nuestros continuos e infructuosos intentos de contacto", han criticado en este contexto.

Asimismo, Cehat ha denunciado que desde la reunión efectuada con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, no han recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos respecto a las aclaraciones prometidas por Interior.

Por último, las agencias, junto a Acave, UNAV y Fetave, han manifestado su descontento con el "ninguneo" del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien, según afirmaron, se negó a reunirse con el sector a lo largo de todo este proceso.