El Tribunal Supremo ha declarado este viernes que no es el organismo adecuado para resolver la demanda presentada por el juez jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra, al calificarla de "corrupta" en sus redes sociales. La corte ha argumentado que los comentarios de Belarra no fueron realizados "en el ejercicio de su cargo".

Con base en la decisión de la Sala de lo Civil, cuyo ponente es el magistrado Rafael Sarazá, corresponde a los juzgados de primera instancia hacerse cargo del caso. Así, la responsabilidad de llevar adelante el proceso recae ahora en las manos de García Castellón.

El Tribunal ha señalado que tener una cuenta verificada en la red social X no justifica que las declaraciones realizadas por la diputada sean consideradas como parte de su actividad parlamentaria y, por ende, no aplican el aforamiento correspondiente.

La corte ha enfatizado que "no debería ser la firma de Elon Musk, mediante un proceso de pago, quien determine si una actuación de un político ha sido en ejercicio de su cargo".

García Castellón había solicitado inicialmente una indemnización de 120.000 euros, pero posteriormente amplió su demanda al considerar que Belarra reafirmó sus acusaciones, elevando la cuantía total a 240.000 euros.

El exjuez argumenta que los términos usados por Belarra son insultantes y carecen de un interés legítimo en el debate público. Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad de expresión, aunque protegida, tiene límites.

Por su parte, Ione Belarra ha defendido que sus palabras eran apropiadas en el contexto parlamentario y ha solicitado que el Supremo desestime la demanda, argumentando que su derecho a expresar opiniones sobre la actuación de García Castellón está dentro de su función como diputada.

La posición de la Fiscalía ha sido favorable a García Castellón, calificando las declaraciones de Belarra como "ofensivas e innecesarias", aunque ha propuesto que se reduzca la indemnización a 20.000 euros.

El tribunal había programado una audiencia previa en abril donde se discutió si las afirmaciones de Belarra fueron hechas en su calidad de diputada, lo que implicaría un aforamiento, o como ciudadana, lo que implicaría otro tipo de procedimiento legal.

García Castellón sostiene que el Tribunal Supremo debe ser el encargado de juzgar el caso, ya que considera que los comentarios realizados en su contra provinieron de su rol como representante del pueblo y tenían la intención de influir en la opinión pública.