MADRID, 1 de noviembre.

Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, se enfrentará a juicio a partir de este lunes, marcando así un hito al convertirse en el primer fiscal general en ser juzgado en la historia de España. El Tribunal Supremo le juzgará por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, que incluyen la filtración de un correo electrónico que reveló las negociaciones entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía en relación con un caso de fraude fiscal. Podría enfrentarse a hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación y pagar más de 400.000 euros.

Este escándalo se desencadenó tras una publicación del diario 'El Mundo' el 13 de marzo de 2024. A las 21:29 horas, el medio reveló que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Díaz Ayuso para que admitiera dos delitos fiscales, lo que generó un torrente de mensajes y llamadas en la Fiscalía y una intensa búsqueda de corroboración en los medios.

Como parte de sus acciones, García Ortiz contactó a Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, con el objetivo de obtener los correos electrónicos intercambiados entre Julián Salto, el fiscal del caso, y Carlos Neira, el abogado de González Amador. Sin embargo, esta gestión se complicó debido a que Salto se encontraba en un evento deportivo, lo que retrasó el proceso de obtención de la información.

Finalmente, a las 21:59 horas, García Ortiz recibió parte de la información a través de su correo personal, aunque no era completa. A las 22:10, 'La Sexta' emitió información que apuntaba a que había sido la defensa de González Amador quien propuso el pacto, aunque no ofreció detalles adicionales.

Poco después, a las 22:27, se filtró otro correo clave a un grupo de periodistas, el cual señalaba que el caso ya estaba judicializado, pero que eso no impedía llegar a un acuerdo con la Fiscalía. García Ortiz, al darse cuenta de que le faltaba información crítica, recibiría el correo completo alrededor de las 23:46.

En paralelo, la 'Cadena SER' también notificó sobre el correo del 2 de febrero que contenía el ofrecimiento de confesión. La información fue divulgada poco antes de la medianoche, aumentando aún más la presión y la atención mediática sobre el caso.

Al día siguiente, la Fiscalía emitió un comunicado a primera hora, detallando el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador, lo que motivó que este último presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la supuesta revelación de secretos.

Curiosamente, cuando en octubre el Tribunal Supremo decidió encausar a García Ortiz, no lo hizo por el comunicado sino por las presuntas filtraciones de los correos electrónicos. La investigación se intensificó, culminando en un registro histórico de más de diez horas en las oficinas de García Ortiz y Pilar Rodríguez por parte de la Guardia Civil.

Se descubrió que el mismo día en que se abrió el caso, García Ortiz había borrado en dos ocasiones sus chats de WhatsApp y, una semana después, cambió de teléfono, lo que él atribuyó a un protocolo de seguridad.

Durante la investigación, tres personas fueron imputadas y se estudiaron diversos aspectos del caso, desde el comunicado hasta la supuesta filtración de correos. Finalmente, solo García Ortiz y Rodríguez fueron llevados a juicio, con el juez instructor convencido de que habían filtrado información con el fin de controlar la narrativa mediática.

En su defensa, García Ortiz ha mantenido su inocencia, argumentando que su actuación siempre estuvo dentro del marco de sus competencias. Señala que la información relevante sobre González Amador fue divulgada desde el ámbito institucional y que su conocimiento del correo del 12 de marzo fue autorizado por el propio empresario.

A pesar de todo, se prevé un juicio con una atención mediática sin precedentes, donde un tribunal mayoritariamente conservador juzgará los hechos durante seis días. La sentencia es esperada para finales de este año, y la situación ha suscitado peticiones de dimisión tanto dentro como fuera de la Fiscalía.