En un acontecimiento de gran relevancia para la política israelí, el Tribunal Supremo de Israel ha dado recientemente luz verde a una ley polémica que permite al ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, delinear las directrices de las investigaciones policiales. Sin embargo, la corte ha rechazado parcialmente esta normativa, delimitando así el alcance del poder que Ben Gvir intentaba consolidar sobre las fuerzas de seguridad del país.

La legislación que ha sido aprobada habilitará al ministro a establecer "prioridades fundamentales" dentro de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía, aunque no le otorgará una mayor "autoridad general" sobre estas fuerzas. Este fallo ha sido el resultado de un reñido debate en el que cinco magistrados votaron a favor y cuatro en contra, según reporta el diario 'The Times of Israel'.

Es importante destacar que la corte ha desestimado varios elementos de la ley que buscaban otorgar a Ben Gvir la capacidad de "delinear las políticas y principios de las operaciones policiales", así como establecer sus "prioridades, programas y directrices generales". Esta decisión se inscribe dentro de una serie de acciones judiciales que han buscado frenar el impulso del Gobierno de extrema derecha bajo el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha estado bajo presión debido a sus intentos de reformar el sistema judicial del país.

En respuesta a la sentencia, Ben Gvir no ha ocultado su descontento y ha expresado que la decisión judicial constituye una restricción a la autoridad de los ministros. Según sus declaraciones, esta acción judicial "da nuevamente la espalda a la población y a la voluntad de los votantes".

El ministro ha argumentado que "la grave decisión adoptada por el Supremo" traslada el poder a la Fiscalía y coloca a la fiscal general en una posición superior a la Policía. "En un Estado democrático, son los ministros quienes deben definir las políticas que rigen el comportamiento policial, pero parece que eso no es de interés para el Supremo", ha afirmado, mostrando su preocupación ante lo que considera una erosión de la autoridad política en favor de la judicial.