En una reciente decisión unánime, el Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ha decidido este martes imputar a un grupo adicional de siete personas por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo tras su victoria electoral en 2022 frente a Jair Bolsonaro.

La primera sala del STF ha decidido respaldar la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (PGR), enfocándose en el llamado grupo 4, compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y un agente de la policía federal. Estos individuos son señalados por haberse involucrado en la creación de campañas de desinformación sobre el proceso electoral y de llevar a cabo ataques cibernéticos dirigidos a instituciones y figuras públicas, utilizando recursos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

El juez encargado del caso, Alexandre de Moraes, ha afirmado que los propósitos de esta célula infiltrada en Abin reflejan una clara alineación con las narrativas expuestas públicamente por Jair Bolsonaro, lo que añade un contexto preocupante a las acciones del grupo.

Entre los acusados se encuentra el presidente del Instituto Voto Legal, y todos ellos enfrentarán juicios por múltiples delitos, que incluyen la formación de una organización criminal armada, la abolición violenta de la democracia, y el intento de golpe de Estado, además de otros cargos relacionados con violencias y amenazas a la propiedad. Si fueran condenados, las penas podrían agruparse para superar los 30 años de encarcelamiento.

Hasta la fecha, se han presentado cargos contra los grupos 1, 2 y 4, que abarcan un total de 21 acusados, entre los que se incluye al expresidente Jair Bolsonaro. Por otro lado, las imputaciones correspondientes a los grupos 3 y 5 aún se encuentran a la espera de ser juzgadas.