En una reciente decisión del Tribunal Supremo, se ha confirmado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor Koldo García, deberán comparecer de manera física ante la audiencia preliminar fijada para el 12 de febrero. Este juicio indaga en las presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.

Según una providencia emitida este jueves y reportada por Europa Press, los magistrados del caso desestimaron las peticiones de los acusados, quienes alegaban problemas de salud y solicitaban participar en la audiencia mediante videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde están recluidos desde el 27 de noviembre.

Esta audiencia preliminar se realiza en el marco de la Ley de Eficiencia de Poder Judicial, que estipula en su artículo 785 que es obligatoria la presencia del acusado y su abogado defensor. Esta norma también establece que las partes implicadas tienen la oportunidad de presentar sus alegaciones antes del juicio, abarcando aspectos como la conformidad del acusado, la competencia del tribunal, y cualquier posible infracción de derechos fundamentales.

Asimismo, el artículo señala que las partes pueden proponer la inclusión de informes, certificaciones y otros documentos, así como solicitar la realización de pruebas que no hubieran sido consideradas al momento de presentar las acusaciones o defensas iniciales.

Una vez concluida la vista preliminar, el juez o tribunal se encargará de evaluar las pruebas ofrecidas, decidiendo cuáles serán aceptadas y cuáles serán desechadas. Según lo dispuesto en la misma normativa, esta resolución se tomará de manera oral, a menos que la complejidad de los argumentos requiera una respuesta por escrito.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía ha pedido un total de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García, y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han elevado sus demandas a 30 años de cárcel para ambos acusados, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el Ministerio Público.