Desde Madrid, el 28 de noviembre, surge un nuevo informe del Tribunal de Cuentas que revela "debilidades relevantes" en el sistema de gobernanza y ejecución del Plan Estratégico de Impulso y Modernización de la Formación Profesional (PEIFP), un ambicioso programa que busca transformar esta crucial área educativa.

La fiscalización del PEIFP, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con un presupuesto de 1.892 millones de euros, ha puesto de manifiesto varios fallos en la planificación, ejecución y control de los recursos públicos destinados a la formación profesional en el país.

A pesar de que se han hecho esfuerzos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el informe destaca que la estrategia fue aprobada tarde y sin una estructura bien definida, lo que ha afectado su implementación y coordinación a nivel administrativo.

El análisis revela diferencias significativas en la realización de objetivos del PEIFP, con notables disparidades en su efectividad entre diferentes comunidades autónomas, algunas de las cuales han alcanzado sus metas, mientras que otras aún enfrentan riesgos significativos de incumplimiento, especialmente en proyectos de gran envergadura.

Para finales de 2024, el Ministerio había ejecutado aproximadamente el 82% de los 335 millones de euros que maneja directamente, quedando alrededor de 60 millones sin utilizar, lo que plantea dudas sobre la eficiencia del gasto público. En cuanto a las comunidades autónomas, su ejecución se situaba cerca del 56% de los 1.557 millones de euros recibidos, aunque el plazo para su uso aún permanece abierto.

El informe también expone una serie de deficiencias en la gestión de subvenciones, como los retrasos en las justificaciones, el alto número de devoluciones voluntarias y la falta de devoluciones formales que suman hasta 7 millones de euros. Estos problemas indican serias fallas en el control interno y en la ejecución de los fondos.

Además, se critica la ausencia de indicadores claros de eficacia y evaluación del impacto del PEIFP, lo que limita la capacidad de medir de manera efectiva cómo este plan ha contribuido a sus objetivos de modernización, digitalización y mejora de la empleabilidad en el sector.

Para concluir, el Tribunal de Cuentas ha emitido una serie de recomendaciones al Ministerio, enfatizando la urgente necesidad de mejorar la coordinación con el SEPE para ajustar la oferta educativa a las necesidades del mercado, implementar sistemas de evaluación de eficacia y asegurar que las subvenciones sean justificadas a tiempo para evitar futuras carencias en la gestión de estos fondos.