El pasado 27 de enero, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión contundente al rechazar la solicitud para anular las órdenes de detención que aún pesan sobre Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y líder de Junts, así como sobre los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, en relación con el proceso independentista.

La decisión fue dada a conocer por la corte de garantías, que abordó en su Pleno la petición urgente presentada para suspender dichas órdenes de arresto. Este asunto ha mantenido en vilo tanto a la opinión pública como a los actores políticos en España.

Puigdemont, en su defensa, argumentó que el Tribunal Supremo ha realizado una interpretación excesiva de las excepciones que se contemplan en la ley de amnistía vigente, señalando lo que él considera una evidente resistencia judicial a los mandatos de dicha norma.

El exmandatario catalán ha solicitado el levantamiento de la orden de detención, manifestando que esta acción es "esencial" no solo para asegurar la efectividad del recurso de amparo que ha presentado contra la decisión del Supremo, que no lo amnistiaba por el delito de malversación en el contexto del 'procés'.

Asimismo, Puigdemont señaló que la situación crea un impacto inmediato en su derecho fundamental a la libertad, limitando su capacidad de movimiento en todo el territorio de la Unión Europea y afectando su derecho a participar políticamente, dado que es un parlamentario electo en funciones.