El 27 de noviembre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio a conocer importantes medidas que el Consejo de Ministros tiene en agenda para este jueves. Se trata de un ambicioso tercer paquete de ayudas que abarca un total de 60 iniciativas dirigidas a facilitar la recuperación y restauración de las áreas que han sido gravemente perjudicadas por la DANA, con un impresionante monto total de 2.274 millones de euros.

Sumados a los dos paquetes de ayuda previos, el conjunto de medidas implementadas asciende a 16.600 millones de euros, lo que refleja el compromiso del Gobierno en las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Este esfuerzo económico pretende no solo mitigar el impacto inmediato de la catástrofe, sino también establecer bases sólidas para una recuperación duradera.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo paquete es un plan específico para la renovación del parque automovilístico afectado por la DANA, que contará con una inversión inicial de 465 millones de euros. Este plan permitirá a los ciudadanos que necesiten adquirir un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros. Esta subvención podrá sumarse a las compensaciones que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros, lo que representa un alivio significativo para quienes han perdido sus vehículos.

Es importante destacar que no se exigirá que los vehículos adquiridos sean nuevos; de hecho, incluirá de manera retroactiva a todos aquellos que ya hayan sido comprados desde el 29 de octubre para reemplazar a otros que hayan sido destruidos o que se encuentren en estado irreparable.

El alcance de las medidas también contempla la ayuda a personas ajenas a los convivientes, quienes podrán recibir apoyos en caso de fallecimientos. Además, se habilitarán subsidios para que los familiares de las víctimas puedan percibir compensaciones por los daños en la vivienda que han sufrido como resultado de la DANA.

El Gobierno ha decidido extender hasta el 31 de diciembre la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo para los procesos de incapacidad temporal y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia a raíz de la DANA, brindando así una mayor protección a quienes se encuentran en situaciones vulnerables.

En un esfuerzo por mejorar la respuesta institucional ante catástrofes, se implementará un nuevo régimen que activará los protocolos necesarios dentro de las empresas, garantizando que los representantes de los trabajadores participen en este proceso. Esto subraya la importancia de la colaboración y la inclusión en momentos de crisis.

Para apoyar la economía local, el Gobierno también ha decidido ampliar la prestación por cese de actividad de los autónomos, haciéndola accesible a todos aquellos que actualmente están dentro de la “tarifa plana” de cotización. Además, se pondrá en marcha una nueva línea de financiamiento de 1.200 millones de euros orientada a ayudar a autónomos y empresas industriales y turísticas a reparar sus instalaciones, maquinaria y existencias de productos dañados.

El paquete de medidas incluye también una línea de préstamos bonificados por un total de 300 millones de euros destinada a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que deseen invertir en tecnología y maquinaria de última generación, con el objetivo de modernizar sus operaciones y adaptarse a un mercado en constante evolución.

Asimismo, se implementará una "vía rápida" para facilitar la financiación preferente de iniciativas de reconstrucción y proyectos innovadores en las zonas que han sido afectadas. En este sentido, se destinarán 240 millones de euros específicamente para la reactivación del comercio local, con ayudas que buscarán reparar los daños materiales en los bienes de los establecimientos comerciales, además de una línea ICEX para fomentar la internacionalización de empresas que han sufrido las consecuencias de la DANA.

Finalmente, el Gobierno destinará 19 millones de euros a una línea de ayudas que cubrirá los gastos de reposición de libros de texto y material escolar para estudiantes y familias que residen en los municipios que han sido impactados por la catástrofe, garantizando así que la educación de los más jóvenes no se vea comprometida debido a la crisis.