La investigación en torno al llamado 'caso Koldo' toma un nuevo giro esta semana, ya que el magistrado Leopoldo Puente, encargado del caso en el Tribunal Supremo, ha decidido convocar a importantes testigos. Este miércoles comparecerán ante el tribunal Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y Celia Rodríguez, quien se desempeñaba en la Secretaría de Organización del partido. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rodríguez estaría vinculada a la entrega de sobres con dinero al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, lo que podría esclarecer los misteriosos pagos en efectivo implicados en el caso.

El juez Puente ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la UCO que sugiere la existencia de una reserva de fondos de origen incierto, la cual Koldo presuntamente administraba para el todavía diputado Ábalos. Este informe revela que algunos de los pagos efectuados en sobres a ambos podrían haber sido justificados como reembolsos de gastos, mientras que otros carecen de justificación.

Durante su intervención, el magistrado enfatizó el hallazgo de comunicaciones que sugieren movimientos monetarios no registrados formalmente por el PSOE, lo que representa un posible incumplimiento de las normativas de transparencia. Además, aunque algunos mensajes analizados por la UCO correlacionan la entrega de dinero con las liquidaciones de gastos presentadas por el partido, en otros casos esta conexión no fue confirmada, generando aún más dudas sobre la veracidad de los informes del PSOE.

Ante esta situación, Puente consideró esencial la comparecencia de Moreno y Rodríguez para obtener mayor claridad sobre el asunto, especialmente después de que tanto Ábalos como Koldo eligieran el silencio en sus recientes testimonios ante el Tribunal Supremo. Esto ha llevado a la acusación popular, liderada por el Partido Popular, a solicitar al juez la entrega de todos los movimientos de caja del PSOE desde 2017, así como los detalles de cada transacción.

El PP argumenta que una revisión exhaustiva de estos datos es crítica para poder aprovechar al máximo las declaraciones de los testigos. Sin embargo, el magistrado ha rechazado esta solicitud en esta etapa del proceso, insistiendo en que decidirá sobre los siguientes pasos basándose en las declaraciones que se realicen.

A pesar de este revés, el PSOE ha presentado recientemente documentación al Tribunal Supremo, la cual, según ellos, detalla todos los pagos en efectivo realizados para liquidar gastos por parte de la Secretaría de Organización. Esta documentación establece que entre 2017 y 2024, el partido retiró cerca de un millón de euros de su cuenta bancaria para uso en pagos en efectivo.

Desde la dirección socialista se señala que el aparente desfase en los pagos que recibió Koldo y Ábalos podría deberse a la manera en que el partido contabiliza estos gastos, en vez de desglosarlos individualmente. En este sentido, el PSOE subraya que no es improbable que esos gastos fueran gestionados internamente por Koldo asimismo.

El informe de la UCO aclara que entre 2017 y 2021, Ábalos recibió liquidaciones de gastos tanto en efectivo como por transferencia bancaria. La investigación también reveló conversaciones donde se corroboraba la entrega de dinero en sobres que fueron recogidos en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz.

De hecho, se han documentado comunicaciones que indicaban la entrega de sobres con dinero, reforzando la hipótesis de que ha habido cierta irregularidad en el manejo de estos fondos. En una charla entre Koldo y su pareja se menciona cuándo y dónde se hizo la entrega, lo cual añade una capa más al ya complicado entramado de este caso.

Por último, es importante destacar que la UCO ha encontrado evidencias de transacciones de efectivo que aparentemente no cuentan con la documentación adecuada, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión financiera del partido y la transparencia en sus operaciones. Esta situación exige una respuesta clara y contundente del PSOE y del sistema judicial que esté a la altura de las circunstancias para restaurar la confianza ciudadana.