El Supremo rechaza elevar a la UE la regularización de migrantes y mantiene la medida

El Tribunal Supremo ha decidido no remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión sobre la legalidad de la proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España. La decisión se ha tomado tras considerar que la medida, ya aprobada por el Gobierno, no requiere una suspensión cautelar ni una consulta europea en este momento.

Este proceso de regularización, implementado mediante un real decreto, permite a miles de personas en situación irregular solicitar permisos de residencia. La normativa ha generado debates sobre su compatibilidad con las normativas comunitarias y el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024 en la UE.

El contexto político refleja las tensiones entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, así como con sectores políticos que ven en la medida un potencial riesgo de desbordamiento migratorio. La decisión del Supremo evita un posible retraso en la aplicación del decreto, que ha sido defendido como una vía para regularizar a quienes están en situación vulnerable.

El rechazo a elevar la cuestión prejudicial indica que el tribunal considera que la regulación no colisiona claramente con la normativa europea vigente. Sin embargo, la polémica continúa en el ámbito político, con partidos y organizaciones que cuestionan la legalidad y los efectos de la regularización.

De cara al futuro, la decisión del Supremo puede marcar un precedente para la interpretación de la normativa migratoria en España y su relación con las directivas europeas. La evolución del debate político y judicial determinará si esta medida se mantiene, modifica o enfrenta nuevas impugnaciones en los próximos meses.