En una reciente resolución, el Tribunal Supremo (TS) ha instado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar esfuerzos por recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este requerimiento se enmarca en la investigación que busca esclarecer la supuesta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez encargado del caso, Ángel Hurtado, ha solicitado a la UCO que informe sobre la viabilidad de recuperar los contenidos de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber estado vinculadas a los números de teléfono asociados a García Ortiz.

Es importante recordar que, tras llevar a cabo un análisis exhaustivo del teléfono incautado al fiscal general, la UCO no encontró ninguna actividad de mensajería, refiriendo que se hallaron "0 mensajes". Esto contrasta con el informe del análisis del dispositivo confiscado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en el cual sí encontraron intercambios de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo; días que son considerados cruciales en el contexto de la investigada filtración.

Fuentes cercanas al ámbito fiscal han indicado a Europa Press que García Ortiz habría eliminado de forma voluntaria los mensajes correspondientes a ese periodo. Sin embargo, se ha aclarado que no fue una acción dirigida específicamente hacia esos mensajes, sino que formó parte de un proceso de limpieza cíclica realizado en todos los mensajes almacenados en su dispositivo, cumpliendo con los protocolos de protección de datos y seguridad establecidos por la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones judiciales se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la pareja de Díaz Ayuso, relacionada con una nota de prensa emitida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid. En dicha nota se informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien estaba a cargo de su investigación por supuestos delitos fiscales.

El Ministerio Público emitió este comunicado con el objetivo de desmentir lo que consideraba un "bulo", refiriéndose específicamente a una noticia publicada en 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo, que afirmaba que el fiscal había sido quien propuso un acuerdo a González Amador, en contraste con lo que realmente ocurrió.

No obstante, cabe mencionar que el Tribunal Supremo, al abrir causa el pasado 16 de octubre, descartó cualquier indicio de delito en la nota de prensa, reflejando que la información que contenía ya había sido divulgada por diversos medios de comunicación horas antes. De este modo, la atención se centró en la filtración de los correos electrónicos a la prensa durante la noche del 13 de marzo.

Además, la UCO, en su informe sobre el teléfono de Rodríguez, atribuyó responsabilidad a la Fiscalía por haber filtrado a los medios la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, información que se había dado a conocer en eldiario.es a las 6:01 del 12 de marzo.