El Supremo determina que los retratos de Goya de Carlos IV y María Luisa son propiedad del Estado.

El Tribunal Supremo de España ha fallado que los icónicos retratos de Goya del rey Carlos IV y la reina María Luisa de Parma son de propiedad estatal. Este dictamen pone fin a un prolongado litigio entre la empresa Altadis S.A. y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relacionado con la titularidad de estas célebres obras del pintor aragonés.

Las obras, que datan de 1789, fueron creadas por Goya por encargo de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Su intención era utilizarlas en un monumento efímero que se erigiría frente a la fábrica, con motivo de las celebraciones del inicio del reinado de Carlos IV.

La sentencia del Supremo se basa en la premisa de que los retratos formaban parte del patrimonio de la corona desde su creación en 1789 y posteriormente pasaron al Estado. En su resolución, el tribunal detalla cómo diversas entidades han poseído los retratos a lo largo del tiempo, hasta llegar a la situación actual con Altadis S.A.

Tras examinar la documentación pertinente y las comunicaciones entre las partes, el alto tribunal concluyó que el Ministerio había permitido que la Compañía Arrendataria de Tabaco, a la que se otorgó el monopolio en 1887, mantuviera los retratos como elementos decorativos en sus instalaciones, pero en ningún momento se renunció a la propiedad de las obras.

El Tribunal subraya que Altadis S.A. no ha logrado demostrar que su posesión inicial haya llevado a convertirse en propietario legítimo bajo el concepto de usucapión, según lo estipulado en el artículo 1955 del Código Civil.

Además, el Supremo recuerda que la Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre el Patrimonio Artístico Español, establece que los bienes muebles protegidos por el patrimonio histórico no pueden ser vendidos por las administraciones públicas. Asimismo, resalta que estos bienes son imprescriptibles, lo que significa que no se aplican las disposiciones del artículo 1955 del Código Civil.

Con esto, el Tribunal concluye que, aunque en un contrato de comodato de 1999 entre el Ministerio y Tabacalera se reconoció a esta última como la propietaria de los retratos, tal afirmación no es suficiente para que el Estado pierda la propiedad de estas valiosas obras de arte.