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Nacional 31 de Marzo de 2026 · 12:31h 4 min de lectura

El subdirector de Emergencias revela a la jueza que la Presidencia solicitó el audio de Aemet sobre la dana, el cual fue alterado.

València, 31 de marzo. En un importante giro de los acontecimientos, Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, ha revelado ante la jueza de Llíria que fue la Presidencia de la Generalitat Valenciana quien solicitó el audio de un diálogo relacionado con la dana. Este audio, que se había filtrado a los medios en una versión manipulada, corresponde a una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante su comparecencia como testigo en el tribunal que investiga la citada filtración, según informes obtenidos por Europa Press. La magistrada decidió interrogar a Suárez después de revisar los documentos del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil de Valencia, los cuales indicaban que dos altos funcionarios del departamento de Justicia e Interior accedieron a este audio durante la crisis meteorológica.

El informe señala que entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, dos altos funcionarios de la Conselleria de Justicia e Interior, liderada por la investigada Salomé Pradas, obtuvieron acceso a un segmento crucial de la conversación donde se mencionaba el desplazamiento del temporal a la serranía de Cuenca. Los implicados son Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, y se señala que ambos obtuvieron una copia de la grabación en un dispositivo USB.

En su testimonio, Suárez explicó que la solicitud de la grabación partió de Presidencia, la cual requería localizar una llamada relacionada con el desplazamiento del temporal hacia Cuenca. Sin embargo, esta llamada no pudo ser ubicada hasta que se determinó que se había realizado desde un teléfono fijo.

Según Suárez, la iniciativa de localizar esta grabación fue inicialmente planteada por Alberto Martín Moratilla, quien insistió en la búsqueda y la transcripción de la misma. No obstante, esta transcripción no se completó porque Ricardo García demandó urgentemente el 2 de noviembre que se encontrara la llamada. García se trasladó personalmente a un despacho con un técnico para buscar el "fragmento" de la grabación, que finalmente fue almacenado en un pendrive.

El testigo subrayó que no se presentó ninguna justificación formal para la solicitud de la grabación, y enfatizó que no hubo petición escrita ni firma de documentación al respecto, sugiriendo que Ricardo García "se llevó el material sin más".

Suárez destacó que esta situación era excepcional, indicando que nunca antes se había recibido una solicitud de este tipo por parte de un alto cargo en circunstancias similares.

Cabe recordar que la jueza de Llíria inició la investigación en el año anterior, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia sobre la filtración del audio manipulado. La Fiscalía considera que este hecho podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, conforme a los artículos 197.1 y 3 del Código Penal.

La Fiscalía ha especificado que la conversación en cuestión posee un carácter reservado según la legislación vigente, ya que se produjo en el marco de la gestión de una emergencia. Además, el artículo 53 de la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana estipula que la información relacionada con la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 debe ser compartida únicamente con los servicios esenciales involucrados y, tras la finalización de dicha gestión, solo puede ser facilitada a solicitud de la autoridad judicial.

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