• sbado 26 de noviembre del 2022
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El Senado da el visto bueno definitivo a la novedosa Ley de Memoria Democrática

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La Cámara repudia los vetos de PP, Vox, Cs y UPN y no introduce ningún cambio al artículo pactado con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV

MADRID, 5 Oct.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles terminantemente el emprendimiento de ley de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. La Cámara Alta ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no ha recibido ninguna de las 521 enmiendas al artículo que venía del Congreso.

La novedosa ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado mucho más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido de pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor.

Por el opuesto, 113 miembros del senado han votado en contra, y hubo 18 parlamentarios que se han abstenido. En cualquier situación, la ley va a entrar en vigor en los próximos días en el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ley, que piensa una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace prácticamente un año y tomada en cuenta por el Congreso en el mes de octubre de 2021, pero un par de meses después se metió en 'el frigorífico' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, puesto que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el mes pasado de junio en el momento en que el emprendimiento se sacó del cajón para reactivar la tramitación, en el momento en que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posiciones con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la etapa de ponencia tras introducirse múltiples enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

El abultado de los pactos se alcanzó con Bildu, comenzando por agrandar hasta 1983, cinco años tras aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la viable reparación económica que ello conllevase.

En preciso, la ley mandata al Gobierno a hacer, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que realice una investigación sobre los presuntos de vulneración de derechos humanos a personas "por su pelea por la consolidación de la democracia, los derechos escenciales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio va a deber agarrar "probables vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron asimismo con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal sin dependencia de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos a lo largo de la guerra civil y la dictadura". Su función va a ser agarrar testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y sugerencias para la reparación de las víctimas de manera "objetiva y también ecuánime".

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha designado mucho más de 21.000 millones de euros para reparaciones urgentes económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se cree que lo que está pendiente son incautaciones de recursos de entidades como liceos culturales y el expolio de papel moneda.

En otro de los pactos anteriores se ingresó una enmienda para declarar la ilegalidad y también ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualquiera otros órganos penales y administrativos conformados desde el golpe de Estado de 1936, para la persecución por fundamentos políticos o de conciencia. El emprendimiento de ley ahora recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que al final se van a reconocer como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que afirma "ilegal" el régimen franquista y reconoce de manera expresa que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de distintas actores políticos" alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y elementos para valorar la "opresión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las etnias vasca, catalana y gallega".

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el período para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán favorecerse asimismo partidos, sindicatos o entidades militares que demanden enseñas, distintivos o banderas que estén en poder de entidades públicas.

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