El retraso en la aprobación del Reglamento de la Carrera Diplomática mantiene vigente un texto franquista

El Gobierno español continúa sin fijar una fecha para aprobar el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, a pesar de las demandas de actualización y del aval del Consejo de Estado desde 2020. La normativa actual, en vigor desde 1955, mantiene elementos del régimen franquista, lo que genera controversia en un contexto de revisión de símbolos y leyes relacionadas con la memoria histórica en España.

Desde que el Tribunal Supremo invalidó en 2017 la normativa anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha avanzado en la redacción, pero el proceso se ha estancado. El ministro José Manuel Albares prometió que el reglamento estaría listo antes de Navidad de 2022, pero aún no ha sido aprobado. La falta de avances refleja tensiones internas y prioridades políticas que han dilatado la decisión.

Este retraso tiene implicaciones en la modernización y transparencia del servicio exterior español. La permanencia de un marco normativo de época franquista cuestiona la imagen de un Estado que busca alinearse con los principios democráticos y la Ley de Memoria Histórica. Además, la ausencia de un reglamento actualizado afecta la carrera y condiciones laborales de los diplomáticos.

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha demandado en varias ocasiones una respuesta clara del Gobierno, incluso solicitando la intervención del presidente Pedro Sánchez. La respuesta oficial ha sido escasa, limitándose a remitir a la Subsecretaría de Exteriores sin ofrecer plazos concretos. La falta de diálogo y la percepción de indiferencia aumentan la preocupación entre los profesionales del sector.

El contexto político en España, marcado por debates sobre memoria histórica y transparencia institucional, influye en este retraso. La dificultad de afrontar cambios en una normativa que remite a un pasado autoritario refleja las tensiones existentes en la política y en la administración pública. La expectativa es que, en el futuro cercano, el Gobierno retome el proceso y apruebe un reglamento que refleje los valores democráticos actuales.

En perspectiva, la aprobación del reglamento representa un paso clave para la modernización del servicio exterior y la reparación simbólica del pasado franquista. La voluntad política y la presión social serán determinantes para que el Ejecutivo supere los obstáculos y cumpla con los compromisos adquiridos, en línea con los principios democráticos y de memoria histórica que el país busca consolidar.