En el día de ayer, 28 de noviembre, el plano político de España se vio afectado por una decisión significativa en el Congreso de los Diputados. La coalición gobernante, compuesta por el PSOE, Sumar y varios aliados parlamentarios, incluidos ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Podemos, desestimó la moción presentada por el Partido Popular (PP). Esta moción buscaba, entre otros puntos, que el gobierno ofreciera clarificaciones sobre las acusaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, así como sobre las conexiones entre este empresario y el Gobierno que estaban documentadas en informes policiales del sumario correspondiente.

A pesar de que el PP había solicitado la votación de los distintos puntos de su propuesta por separado, el PSOE y sus socios optaron por rechazar en bloque los cinco componentes de la iniciativa. Este hecho resalta la cohesión de la coalición en un contexto donde las críticas hacia el Gobierno han aumentado, especialmente en lo relacionado con la administración de la justicia y sus relaciones con actores externos.

La moción del PP se originó a raíz de una interpelación realizada el miércoles anterior al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. En su discurso, el PP insistía en la necesidad de que el Gobierno cesara de inmediato en lo que describieron como ataques, acoso y ofensas hacia jueces y magistrados. También solicitaron una defensa firme de la independencia del Poder Judicial, instando al Ejecutivo a no influir en cómo los jueces interpretan y aplican la ley.

Además, la propuesta del PP subrayaba la importancia de la independencia judicial, demandando que el Gobierno se abstuviera de emitir directrices a los magistrados, lo que podría comprometer la legalidad y la imparcialidad en el sistema judicial. También se expresó una fuerte oposición a cualquier intentona de interferir en el funcionamiento adecuado de la justicia en beneficio personal de los allegados al presidente del Gobierno.

Finalmente, el PP instó al Gobierno a abandonar su intención de modificar los criterios de acceso a la Carrera Judicial, al considerar que tales cambios introducirían elementos arbitrarios y subjetivos en el proceso de selección de sus miembros, en detrimento de los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad. Esta situación pone de manifiesto una creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, especialmente en lo que respecta a la justicia, una cuestión que continúa siendo fundamental en el debate político actual en España.