El PP solicita medidas más estrictas contra las agresiones sexuales a funcionarias y penas severas por exhibicionismo.

En una acción directa para abordar la problemática de la violencia en las cárceles, el Partido Popular ha presentado una propuesta formal en el Congreso que exige al Gobierno de Pedro Sánchez endurecer los protocolos contra las agresiones sexuales y el acoso que sufren a diario las funcionarias de prisiones.

La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Interior, subraya que las trabajadoras del ámbito penitenciario enfrentan, con preocupante frecuencia, conductas de exhibicionismo, comentarios de carácter sexual, amenazas, tocamientos y, en casos extremos, agresiones consumadas. Las herramientas actualmente disponibles son insuficientes cuando el agresor es un interno del centro.

El PP señala que el actual protocolo destinado a gestionar el acoso sexual dentro de la Administración estatal, aprobado en marzo de 2024, no protege adecuadamente a las funcionarias de prisiones de las conductas abusivas de los convictos.

Según el partido, esta falta de un protocolo específico crea un vacío que "se traduce en una falta de protección institucional", lo que podría llevar a un aumento en el subregistro de estas agresiones y a una doble victimización de las trabajadoras involucradas.

La crítica del PP se centra en que la respuesta administrativa ante estos incidentes es a menudo "lenta, inadecuada o directamente inexistente", lo que agrava una situación que consideran "incompatible con un Estado social y democrático de derecho".

Frente a esta situación, los representantes populares afirman que las prisiones españolas no pueden ser espacios donde se vean comprometidos los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras, tales como la seguridad y la integridad. Por ello, demandan la creación de un protocolo específico que contemple la perspectiva de género en la gestión de la seguridad penitenciaria, poniendo a las mujeres en el centro de las acciones a tomar.

Asimismo, el partido instó al Gobierno a que este nuevo protocolo no se limite a la respuesta posterior a los incidentes, sino que incluya medidas de prevención y detección anticipada, así como la inclusión de agresiones sexuales en los planes de prevención ya existentes.

Además, los 'populares' sugieren que el protocolo debe ofrecer una serie de medidas inmediatas para proteger a las víctimas, como el traslado o aislamiento del agresor, la implementación de sanciones para conductas sexistas y de violencia sexual dirigidas a las trabajadoras, y el acceso a apoyo psicológico y legal para las víctimas.

Por último, el PP recalca la necesidad de nombrar a un responsable en cada centro penitenciario para coordinar, seguir y comunicar con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal cuando sea necesario.

El partido también aboga por reformas legislativas para clasificar las agresiones sexuales a funcionarias como delito agravado y para tipificar conductas de naturaleza sexual, como el exhibicionismo o las solicitudes de relaciones sexuales, que en otros contextos no son consideradas delitos.