El Partido Popular (PP) ha formalizado en el Senado su solicitud para que se constituya una comisión de investigación que se encargue de examinar la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como de Renfe y Adif, desde junio de 2018 hasta la fecha. El enfoque estará centrado en el mantenimiento, la seguridad y la fiabilidad del sistema ferroviario en España.

Con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, los 'populares' plantean que la indagación también abarque los contratos otorgados por Adif y Renfe, además de los expedientes de riesgo vinculados a las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad. Asimismo, quieren poner bajo la lupa el control de las inversiones dedicadas a la seguridad y el mantenimiento ferroviario desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha justificado la necesidad de esta comisión al señalar que el sistema ferroviario español sufre desde hace años un deterioro que ha pasado de ser puntual a convertirse en un problema estructural. Lamenta que esta situación implique no solo problemas técnicos, sino también una creciente falta de confianza entre usuarios y profesionales del sector.

El PP destaca que las estadísticas recientes revelan un alarmante aumento en el número de accidentes ferroviarios, con un punto crítico alcanzado en 2023 y una tendencia que no muestra signos de mejora. En particular, resaltan un incremento inusitado de los descarrilamientos, situando a España entre los países europeos con peores índices de seguridad en este ámbito.

La formación sostiene que los problemas actuales no pueden considerarse eventos aislados, sino que son el resultado de una prolongada falta de inversión en el mantenimiento y seguridad del transporte ferroviario. Subrayan que la liberalización del sector ha incrementado la presión operativa sin que se refuercen adecuadamente los recursos destinados a la supervisión y el mantenimiento de la infraestructura.

En un contexto tan crítico, el PP menciona los recientes accidentes en Adamuz y Gélida, que dejaron múltiples víctimas y evidencian fallos significativos en la infraestructura ferroviaria y en los sistemas de inspección y mantenimiento. Estos incidentes también han sacado a la luz carencias en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior.

La actuación del Ministerio de Transportes después de estos accidentes ha sido criticada por el PP, que reclama un mayor nivel de transparencia y responsabilidad política. Además, señalan que no se han tomado en serio las advertencias realizadas durante años por los maquinistas sobre las deficiencias del sistema.

Por estas razones, el Grupo Popular liderado por Alicia García propone la creación de una comisión de investigación que examine la gestión del Gobierno de Sánchez desde 2018. La comisión debería estudiar diversos aspectos, como la planificación y ejecución de inversiones en el mantenimiento y seguridad del transporte ferroviario, así como el estado de la red de Cercanías.

También se requieren investigaciones sobre la estructura de gestión en Adif y Renfe, así como la respuesta institucional ante los accidentes y la atención a las recomendaciones de expertos en la materia. Se busca un análisis en profundidad sobre la adecuación de los sistemas de control ferroviario y la situación actual de la comunicación y localización de trenes.

Finalmente, el PP exige un estudio sobre los contratos adjudicados por Adif y Renfe, enfatizando la necesidad de revisar el cumplimiento de estos en relación a mantenimiento y seguridad. Además, aboga por la claridad sobre la posible eliminación de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

También insisten en que el Gobierno ha incurrido en incumplimientos legislativos significativos, como la falta de aprobación de un Plan de Choque Ferroviario y otros protocolos que se recogen en la Ley de Movilidad Sostenible. Asimismo, resaltan que no ha sido creado el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción en este ámbito.