El Partido Popular tomará medidas en el Congreso, Senado y ayuntamientos para revertir la obligatoriedad de la tasa de residuos que entrará en vigor el próximo 10 de abril, calificándola como un ataque a los bolsillos de los ciudadanos que deberán hacer frente a los costes de la gestión de la basura.

Los 'populares' defienden la autonomía municipal y la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, solicitando al Gobierno la realización de un estudio para determinar el coste del servicio y la implementación de un plan nacional de infraestructuras para la economía circular. Además, exigen que el Ejecutivo contribuya a financiar las campañas de concienciación ciudadana sobre la separación de residuos.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, argumenta que la Directiva de Residuos de la Unión Europea no obliga a los Estados miembros a establecer la tasa de basuras, y advierte sobre la confusión que generará esta norma y la posibilidad de recursos legales por interpretaciones diferentes de la misma.

Martín señala que esta medida perjudicará a las familias más vulnerables y aumentará los costos de alquiler, colocando la responsabilidad de pagar la tasa en los inquilinos. Asegura que el Gobierno no tiene en cuenta las dificultades económicas de los ciudadanos al imponer nuevos impuestos, mostrando una clara falta de preocupación por la situación de la vivienda y por ayudar a las familias a llegar a fin de mes.