El PP propone reformar la ley para excluir a los condenados a prisión permanente de beneficios carcelarios.

En una reciente movida política, el Partido Popular (PP) ha formalizado en el Congreso una proposición no de ley que busca que el Gobierno implemente cambios legales para garantizar que aquellos condenados a prisión permanente revisable no obtengan beneficios penitenciarios de ningún tipo.

Esta iniciativa surge tras la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', un etarra cuyo caso ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de penas. Dicho artículo permite cierta flexibilidad en la ejecución de la condena, permitiendo la convivencia de regímenes de segundo y tercer grado, lo que da lugar a situaciones de semilibertad.

En este contexto, el PP ha resaltado que en el País Vasco se ha revelado que algunos presos de ETA, clasificados en tercer grado, están beneficiándose de una interpretación que concede una mayor flexibilidad, como lo estipula el artículo 86. Este establece que el tiempo mínimo que un condenado debe pasar en prisión es de ocho horas diarias, aunque puede eludir esta obligación si acepta ser monitoreado a través de dispositivos de control telemático, lo que ha favorecido a cerca de 70 etarras hasta la fecha.

Para los 'populares', resulta "inconcebible" que esta interpretación de la ley penitenciaria "burle" el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los jueces. A pesar de que estos casos no involucran a condenados a prisión permanente revisable, la situación ha despertado inquietudes sobre la necesidad de ajustar la legislación penitenciaria en relación a los beneficios otorgados a estos reclusos.

El PP argumenta que la inserción de la prisión permanente revisable en el Código Penal fue una respuesta a la demanda de una reacción penal adecuada a los crímenes más atroces, enfatizando que la regulación actual presenta "vacios significativos" sobre su ejecución. En particular, la falta de claridades en la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre el acceso a regímenes de tercer grado y beneficios penitenciarios ha creado un ambiente de "incertidumbre jurídica", con el peligro de interpretaciones que debiliten la esencia de esta pena.

Aunque existe un mínimo de 25 a 35 años que debe cumplirse antes de reconsiderar la condena, el PP sostiene que ofrecer beneficios penitenciarios antes de alcanzar este umbral constituiría "una alteración de la pena y un compromiso del principio de proporcionalidad". Según el partido, esta norma no debería aplicarse de manera automática, desvinculándose de la gravedad del crimen, y la posibilidad de reinserción debería estar sujeta al cumplimiento completo de la condena y a un pronóstico sólido de no reincidencia.

Por esta razón, el PP urge al Gobierno a avanzar en una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que incluya una regulación "clara y diferenciada" respecto a la prisión permanente revisable. Esta reforma debería incluir modificaciones en el artículo 72 para referirse específicamente a los condenados por este tipo de delitos, cambios en el artículo 76 para delinear mejor las competencias de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, y establecer la prohibición de conceder beneficios penitenciarios antes de que se cumpla el plazo mínimo legal. Además, se buscaría garantizar que cualquier revisión de condena se realice solo cuando exista un pronóstico irrefutablemente favorable hacia la reinserción.

Finalmente, el principal partido de la oposición plantea un cambio legislativo que impida que aquellos condenados por terrorismo tengan acceso a un régimen que combine características de segundo y tercer grado, reafirmando su posición a favor de un enfoque más riguroso en la ejecución de penas para estos delitos.