El Partido Popular (PP) ha decidido llevar de nuevo al Congreso una propuesta que busca restaurar las indemnizaciones por retrasos de entre 15 y 30 minutos en los trenes AVE, apuesta que había sido eliminada por Renfe el 1 de julio de 2024. Esto ocurre en un contexto donde la tasa de puntualidad ha caído en un alarmante 20%.

Esta será la segunda ocasión en la que dicha iniciativa del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se discutirá en el Pleno. En octubre de 2024, el PP logró avances en esta materia, recibiendo el apoyo de grupos como Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG.

En la ronda anterior, los 'populares' presentaron diversas propuestas relacionadas con el sector ferroviario, incluyendo un llamado al cese del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, en la sesión del próximo pleno, el enfoque se limitará a la reintroducción de las indemnizaciones por retrasos menores.

A partir de julio de 2024, Renfe estableció nuevas reglas financieras, estipulando que solo se otorgaría una compensación del 50% del billete por retrasos de 60 minutos y del 100% para demoras que superan los 90 minutos, lo que ha generado descontento entre los viajeros.

Desde la perspectiva del PP, la decisión de modificar las compensaciones fue unilateral y responde a una lógica de ahorro económico. Critican que el gobierno prioriza la recaudación a expensas de la satisfacción del usuario, en lugar de implementar medidas efectivas que reduzcan los retrasos a niveles aceptables.

Además, los 'populares' han expresado su preocupación por el deterioro de Renfe, que ha visto cómo su puntualidad en el servicio de larga distancia y alta velocidad ha pasado del 84% en 2022 al 63% en el verano de 2025.

El PP concluye que la evidencia apunta a un aumento de incidentes y retrasos, lo que deriva en un caos creciente en el servicio ferroviario. En la proposición no de ley que se someterá a debate en el próximo pleno, el partido recalca que restaurar el compromiso de puntualidad anterior no es solo una cuestión pragmática, sino un imperativo democrático para devolver a los ciudadanos un derecho que consideran esencial. Además, buscan obligar al Gobierno a abordar su ineptitud en la gestión de estos servicios en lugar de escudarse en recortes financieros.