En Madrid, el 22 de noviembre, el Partido Popular ha decidido dar un paso significativo al llevar al Parlamento Europeo la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitida por el Tribunal Supremo.

Los miembros del Partido Popular consideran que esta acción responde a un problema grave que atenta contra la separación de poderes en el país, describiendo la situación como un peligroso precedente institucional en España.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo y secretaria general de la formación, ha afirmado que esta condena representa uno de los episodios más serios que ha enfrentado la democracia española desde una perspectiva institucional.

En un comunicado, Montserrat ha señalado que la decisión judicial evidencia que quien debía ser el último defensor de la legalidad ha abusado de su posición, utilizando su cargo para fines políticos y vulnerando los principios fundamentales del Estado de derecho.

Además, ha indicado que no se trata de un incidente aislado, sino que implica una ruptura intencionada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal.

Montserrat también ha expresado su preocupación por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que no solo se abstuvo de actuar para proteger la integridad institucional, sino que continuó respaldando al fiscal general pese a los indicios de su conducta inapropiada.

El secretario de libertades del PP, Adrián Vázquez, ha resaltado que la condena del fiscal es un claro indicativo de que quien debía garantizar la legalidad ha violado esta responsabilidad por razones políticas, alterando así la separación de poderes.

Vázquez ha criticado vehemente la respuesta del Gobierno, argumentando que el apoyo explícito a García Ortiz no está en línea con los valores democráticos de una sociedad madura como la española. "Están atacando una sentencia que no han tenido oportunidad de leer y tratando de desacreditar a un Tribunal Supremo que respalda sus derechos [...] Esta postura refleja un deterioro institucional que Europa no puede pasar por alto", ha expresado.

El dirigente del PP ha subrayado que esta situación va más allá de lo puramente político, pues afecta al propio funcionamiento de la democracia. "La separación de poderes es fundamental para el Estado de derecho tanto en España como en toda Europa. Cuando el Tribunal Supremo condena a un fiscal general y el Gobierno reacciona cuestionando esa decisión mientras defiende su inocencia, no solo se daña la credibilidad de la Fiscalía, sino que también se socava la confianza ciudadana en las instituciones".

Por todo lo anterior, el Partido Popular ha afirmado que la Unión Europea debe intervenir cuando un Estado miembro muestra indicios de quebrantar la separación de poderes y atentar contra la independencia judicial. Al presentar la condena del fiscal general ante el Parlamento Europeo, buscan evidenciar la erosión del Estado de derecho en España.