En una declaración hecha este viernes, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha revelado que su partido planea presentar un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional (TC) si la presidenta socialista Francina Armengol confirma su intención de enviar directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que valida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA.

En una conferencia de prensa desde el Senado, la portavoz de los 'populares' anunció que han solicitado formalmente a la Mesa del Congreso que lleve al Pleno la votación de esta ley que podría beneficiar a presos de ETA.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, del mismo partido, envió una carta a su homóloga en el Congreso criticando que Armengol no haya vetado esta norma, y dejó claro que el Tribunal Constitucional es el que debe decidir sobre este asunto.

Por lo tanto, los 'populares' han dado un paso más y le han pedido formalmente a Armengol que debata esta ley, amenazando con llevar el asunto al Tribunal Constitucional en caso de no hacerlo, creando así un conflicto de atribuciones con el Congreso.

Este no es el primer enfrentamiento de competencias entre los 'populares', con mayoría absoluta en el Senado, y el Congreso. Ya en el pasado plantearon un conflicto similar por la Ley de Amnistía, aunque finalmente lo dejaron sin efecto para evitar llegar al Constitucional.

"El acuerdo de la Mesa del Congreso sin respaldo jurídico y usurpando la interpretación del Reglamento del Senado es inaceptable", señaló Alicia García.

Para García, "el Congreso utilizado en beneficio de Sánchez es un claro ejemplo de cómo el sanchismo manipula las instituciones a su antojo".

En otro orden de cosas, la portavoz del PP anunció que convocarán a expertos en financiación autonómica en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para que expongan su punto de vista sobre el cupo separatista y su impacto en los servicios públicos.

Entre los expertos convocados se encuentran FEDEA, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Consejo General de Economistas de España y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entre otros.

García explicó que los trabajos de la comisión se extenderán hasta noviembre y que al finalizar las comparecencias, el Senado elaborará un informe con las conclusiones de los expertos y recomendaciones al Gobierno, que estarán disponibles tanto para el Ejecutivo de Sánchez como para la sociedad en general.

Además, la portavoz del PP comunicó que en el próximo Pleno de octubre se ampliará el objeto de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para incluir los temas abordados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta decisión se tomó luego de que se revelaran nuevas investigaciones de la UCO relacionadas con el 'caso Koldo', que también arrojaron datos sobre otras tramas como el 'caso Delcy' y el rescate de Air Europa, entre otros temas.