El Partido Popular (PP) ha solicitado urgentemente al gobierno que Correos implemente regulaciones internas para mitigar los conflictos de intereses entre su personal directivo. Esta exigencia surge tras la renuncia de Arturo Crespo Arranz, exjefe de seguridad de la entidad estatal, en el contexto de un escándalo relacionado con este tipo de conflictos.

La dimisión de Crespo Arranz se produjo poco después de que se anulara un contrato de más de diez millones de euros entre Correos y la empresa Trablisa. Este acto generó controversia, ya que se reveló que un subordinado de Crespo Arranz había trabajado anteriormente en Trablisa y había sido el encargado de evaluar dicho contrato que finalmente fue rechazado.

En una respuesta a las preguntas planteadas por el PP, el Gobierno aclaró que Crespo Arranz, quien desempeñó funciones como comandante de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas durante la visita de la vicepresidenta de Venezuela en enero de 2020, presentó su dimisión en marzo por "motivos de índole personal".

No obstante, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado esta salida con la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de invalidar la adjudicación del contrato de seguridad por la presencia de un conflicto de intereses evidente.

El caso se agrava al conocer que, tras la adjudicación a Trablisa, la empresa de seguridad Sasegur interpuso un recurso el pasado octubre, señalando que había un conflicto de intereses entre la empresa ganadora y un empleado bajo las órdenes de Crespo Arranz, quien había estado trabajando en Trablisa.

Dicho empleado había elaborado el informe técnico que fundamentó la evaluación del contrato en cuestión. En diciembre de 2024, el Tribunal de Recursos Contractuales admitió el recurso, afirmando que se trataba de un conflicto de intereses "no declarado" que pudo haber impactado negativamente en el proceso de adjudicación.

Según el tribunal, "la situación señalada genera preocupaciones fundamentadas sobre la imparcialidad y la independencia del proceso de licitación". Aunque Trablisa intentó impugnar la decisión con un recurso especial en abril de 2025, este fue desestimado el mes siguiente.

Tras la revelación de este asunto, el Gobierno indicó que se procedió a incluir una cláusula en todos los documentos de adjudicación. Esta cláusula establece que los firmantes declaran no estar involucrados en ninguna situación que pueda interpretarse como un conflicto de intereses.

Recientemente, los diputados del PP, Celso Delgado y Jaime de Olano, han vuelto a presionar al Ejecutivo con una nueva serie de preguntas parlamentarias. Estas indagaciones, accesibles a la prensa, buscan esclarecer si Correos cuenta con regulaciones internas concretas en relación a conflictos de intereses que afecten a sus directivos, subdirectores y jefes de área.

Además, el Grupo Popular ha preguntado si alguna dirección o área de Correos ha estado implicada en conflictos de intereses en los últimos dos años. Por último, también se requiere información sobre la publicación de un nuevo expediente para licitar el contrato que fue anulado a Trablisa.