MADRID, 24 de noviembre.

El Partido Popular (PP) ha dado un paso importante al registrar una iniciativa en el Congreso en la que insta al Gobierno a implementar medidas críticas para mejorar el Estado de Derecho en España. Entre las solicitudes más destacadas se encuentran la aprobación de una estrategia nacional contra la corrupción, la modificación del sistema de elección del fiscal general del Estado y la regulación de los lobbies, conforme a las recomendaciones del último informe europeo sobre este tema.

En la proposición no de ley que el PP desea poner sobre la mesa para su debate en el Pleno del Congreso, se subraya que el Informe de la Comisión Europea de 2024 revela que España tiene “un amplio margen de mejora” en el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho. Este análisis pone de relieve las carencias que aún persisten en nuestro sistema jurídico y administrativo.

El Grupo Popular argumenta que el informe europeo ilustra ciertos problemas persistentes en el país, tales como “la falta de independencia judicial, la debilidad en la lucha contra la corrupción, las restricciones a la libertad de prensa, la dificultad en el acceso a la información, la escasa firmeza en la regulación de conflictos de interés, el estancamiento en la regulación de los grupos de interés, las violaciones de los procedimientos parlamentarios y el abuso de los decretos, además de un claro deterioro de las instituciones democráticas”.

Además, se expresa una inquietud notable por la falta de una estrategia integral que se encargue de prevenir y combatir la corrupción, un compromiso que España tiene la obligación de cumplir por ley. Se advierte que las debilidades en estos aspectos “inciden en la economía y la seguridad, socavan la justicia y perjudican el bienestar social, así como la percepción que los ciudadanos tienen sobre sus instituciones democráticas”.

Como parte de su propuesta, el Grupo Popular solicita como primera medida la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para alinear los criterios de elección y la duración del mandato del fiscal general con las normativas europeas sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal. Esta acción es vista como esencial para restaurar la confianza en el sistema de justicia.

Además, el PP busca “endurecer las penas por delitos de malversación de fondos públicos” y “aprobar con urgencia una estrategia nacional para prevenir y combatir la corrupción”, entre otras iniciativas. También se pide la creación de un “Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés” y un nuevo marco para la “Información Clasificada”, que cumpla con las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales.

Por último, se hace un llamado a “revisar la utilización excesiva del proceso de urgencia en la tramitación legislativa y a poner fin al abuso de los reales decretos-leyes”, así como a garantizar el respeto a un marco común en la regulación de los servicios de medios de comunicación dentro del mercado interior. Estas acciones son consideradas como vitales para reforzar la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones del país.