El pasado 1 de octubre, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, lanzó serias acusaciones sobre la intención del Gobierno de Pedro Sánchez, insinuando que podrían enmarcar a los jueces como prevaricadores si las condenas recaen sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, o su hermano, David Pérez Sánchez-Castejón, en el contexto de investigaciones sobre posibles actos corruptos.

Muñoz afirmó que el Ejecutivo ya estaría estableciendo un discurso de defensa ante posibles veredictos adversos. "Cuando se produzca una condena, la reacción será acusar a los jueces de prevaricación", advirtió, luego de una reunión con la Junta de Portavoces, sugiriendo que el Gobierno está orquestando su estrategia de comunicación de antemano.

La portavoz del PP también se refirió a la reciente revelación de hechos relacionados con Begoña Gómez, señalando que el Gobierno inicialmente descalificó esas informaciones como "falsedades" y "calumnias", para luego reconocer que efectivamente sí hubo irregularidades, aunque las minimizara al afirmar que "solo fue un pequeño error".

Además, Muñoz resaltó la seriedad de las investigaciones al señalar que un total de 29 jueces de diversas zonas y niveles del sistema judicial están comprometidos en examinar la situación. Afirmó que no se puede generalizar una acusación de prevaricación sobre todos ellos ajeno a los hechos concretos que están investigando.

La portavoz popular subrayó también la dimensión moral y política de los actos de Begoña Gómez, calificándolos de "inmorales" y destacando la necesidad de que la justicia determine su carácter delictivo. “En el ámbito político, no solo existen responsabilidades legales, sino también éticas y morales. Es esencial que los actos sean evaluados de manera más amplia, más allá de una sentencia judicial”, concluyó mientras insistía en la importancia de abordar estos temas con la seriedad que merecen.