La organización Cáritas ha solicitado una flexibilización en el acceso a las autorizaciones de residencia para los migrantes en situación administrativa irregular. Según un informe publicado por la Fundación FOESSA, en 2022 Cáritas atendió a 500.000 migrantes en esta situación, lo que representa un aumento del 43% respecto a 2019.

El informe destaca que la realidad de las personas extranjeras en situación administrativa irregular no se ve reflejada en los datos oficiales. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en 2022 el total de la población inmigrante residente en España es de 5.542.932 personas, representando el 11,7% del total de la población, Cáritas destaca que no se conoce oficialmente el número total de personas en situación irregular.

Hasta ahora, las únicas cifras estimadas las habían proporcionado las ONG impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de migrantes, que cifraban en mayo de 2023 entre 405.000 y 446.000 el número de personas en situación irregular en España. Sin embargo, a partir de los programas de acción social de Cáritas Española, la organización ha contabilizado al menos medio millón de migrantes en situación irregular en el país.

El informe también destaca que las personas de origen extracomunitario están sobrerrepresentadas entre la población en situación de exclusión social en España. Aunque representan el 15% del total de la población, constituyen el 25% de las personas en situación de exclusión social en el país.

El documento señala que existe una relación directa entre la falta de acceso a la salud, el empleo y la vivienda, y la mayor incidencia de exclusión social en este grupo de personas. En concreto, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas.

Según la Fundación FOESSA, la falta de una autorización de residencia o trabajo dificulta la inclusión laboral de estas personas. Cáritas pide revisar las condiciones de acceso regular para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras y el acceso a una autorización de residencia que no esté necesariamente vinculada a un contrato de trabajo.

En conclusión, Cáritas solicita flexibilizar el acceso a las autorizaciones de residencia para las personas en situación administrativa irregular, así como revisar las condiciones de acceso regular para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras en España.