El Ministro Albares aprovecha el uso de lenguas cooficiales en el Congreso para promover su reconocimiento en la UE.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha utilizado el recién adquirido derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego en el Congreso de los Diputados para instar a los demás países de la Unión Europea a reconocer estas lenguas como oficiales en el bloque comunitario.
"Explicaré a mis colegas la singularidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo convierte en prácticamente único en la Unión Europea, y les haré saber que estos idiomas se utilizan en el Parlamento español", ha declarado Albares a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.
En esta reunión, los 27 examinarán por primera vez a nivel político la solicitud española, aunque la mayoría de los gobiernos ya han advertido que no están preparados para tomar una decisión sin analizar previamente las consecuencias financieras y políticas de esta medida.
Para convencer a sus socios europeos, España se ha ofrecido a asumir el coste de traducción e interpretación del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales comunes, a pesar de que ser parte del reglamento común que rige las lenguas reconocidas implica que este coste se financie con el presupuesto comunitario. Hasta el momento, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no ha proporcionado ninguna cifra estimada para este coste.
No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores ha defendido que las lenguas cooficiales en España no son "lenguas minoritarias" y ha destacado que el catalán, por ejemplo, lo hablan 10 millones de personas, lo que lo sitúa "por encima de muchos idiomas que son oficiales y que serán utilizados por los representantes sentados alrededor de la mesa esta mañana".
"No se trata de una propuesta nueva o inédita, España lleva casi 20 años solicitándola", ha insistido Albares, para luego subrayar que ya existen "arreglos administrativos" dentro del Consejo y la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no existe un régimen similar en el Parlamento Europeo.
El Gobierno anunció el pasado verano que presentaría la propuesta de modificar el reglamento de lenguas oficiales de la UE ante el Consejo de la UE, tal y como exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, el asunto no llegó al debate en Bruselas hasta la semana pasada, cuando se abordó por primera vez a nivel de embajadores y quedó claro que los socios no comparten el "sentido de urgencia" de España y necesitan un dictamen jurídico de los servicios legales del Consejo antes de tomar una decisión.