En una decisión judicial que marca un hito, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha anulado las devoluciones sumarias de dos ciudadanos marroquíes que ingresaron irregularmente a la ciudad autónoma por mar. En sentencias emitidas en enero y septiembre, el juez determinó que ambas personas fueron devueltas a Marruecos sin recibir asistencia legal ni intérprete, según documentos a los que tuvo acceso Europa Press.
En una de las sentencias, fechada el 4 de septiembre, se pone de manifiesto que uno de los migrantes fue interceptado por la Guardia Civil cuando intentaba cruzar a nado hacia Ceuta el 14 de noviembre de 2023. Tras ser llevado a la Comandancia Fiscal y de Fronteras y atendido por Cruz Roja, fue entregado a las autoridades marroquíes sin seguir un proceso administrativo adecuado.
En el otro caso, ocurrido en enero, el ciudadano marroquí fue detenido en el Sarchal de Ceuta junto a otros migrantes yemeníes y marroquíes, incluido un menor de edad. Al igual que en el incidente anterior, fue entregado a las autoridades de Marruecos sin seguir el protocolo administrativo necesario.
El juez consideró que la nulidad de estas devoluciones debe llevar a restablecer la situación inicial de los migrantes y permitirles regresar a España para seguir un proceso de devolución adecuado, incluyendo la posibilidad de solicitar protección internacional si así lo desean.
A pesar de esto, el juez desestimó la petición de una compensación de 6.000 euros en ambas sentencias.
Organizaciones como Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes han aplaudido estas decisiones judiciales, considerándolas un avance en el reconocimiento de los derechos de los migrantes y una señal para mejorar las prácticas de deportación por parte de las autoridades gubernamentales.
Estas entidades exigieron el cese de estas prácticas ilegales, el reconocimiento de todas las garantías procesales para los migrantes y la importancia de respetar los derechos humanos en el control de fronteras.
Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, expresó su preocupación por la vulneración de los derechos de los migrantes y destacó la importancia de proteger a los grupos más vulnerables en el estado de derecho.
Por su parte, Francesca Fusaro de No Name Kitchen calificó la sentencia como un paso crucial en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, mientras que Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, destacó la necesidad de contar con mecanismos efectivos para prevenir y responsabilizar a las autoridades por actuaciones contrarias a la ley.
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