El juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado un vuelco sorprendente en su segundo día, al contar con el testimonio impactante de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. González Amador ha denunciado que las supuestas filtraciones realizadas por García Ortiz han arruinado su vida, convirtiéndolo en el "delincuente confeso del Reino de España". Su declaración provocó tensiones en la sala entre la defensa y el tribunal, marcando el inicio de un proceso judicial cargado de matices políticos.

En la sesión del Tribunal Supremo, donde se juzga a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo confidencial relacionado con las acusaciones fiscales, González Amador expuso el profundo impacto devastador que estas revelaciones han tenido en su vida personal y profesional. Su testimonio, que se extendió durante aproximadamente dos horas, enfatizó cómo su reputación se ha visto irrevocablemente dañada desde que se difundieron los detalles del asunto, lo que lo llevó a una situación insostenible.

En un momento emotivo de su declaración, González Amador llegó a manifestar que se sentía obligado a tomar medidas extremas, incluso afirmando: "O me voy de España o me suicido". Ante esto, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le respondió con firmeza, desaconsejándole ambas opciones y sugiriéndole que hablara con su abogado en lugar de tomar decisiones drásticas.

González Amador relató que desde el instante en que se enteró de que estaba bajo inspección fiscal, asumió que era un blanco. Al hacer referencia a las filtraciones, se sintió como "el ariete" sobre el que se centraba toda la atención de la fiscalía. Afirmó que cuando la situación con el fisco se tornó en un asunto penal, confió en su abogado, Carlos Neira, quien le presentó dos alternativas: luchar o llegar a un pacto. Aunque él deseaba elevar su defensa, también buscaba una solución rápida para evitar dañar la imagen de Díaz Ayuso.

Neira, según el testimonio de González Amador, propuso la opción de un acuerdo, sugiriendo que lo más ventajoso era conformar. Sin embargo, González Amador admitió que no comprendió completamente las implicaciones de conformarse, lo que provocó un enfado considerable tras la publicación de un artículo en 'El Mundo' que reveló una oferta de conformidad por su parte. Tras notificarle el abogado, se sintió confundido y molesto por la falta de comunicación previa.

El empresario también aseguró que su abogado nunca le envió un correo antes de realizar la oferta de conformidad, y vehementemente negó haber facilitado información a la prensa. Sin embargo, reconoció que, al recibir un mensaje de Neira que incluía un "pantallazo" de un correo del fiscal Julián Salto, decidió compartirlo con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Cuando Rodríguez le pidió permiso para divulgarlo, González le otorgó la autorización.

El abogado del Estado lo cuestionó, ya que enviar esa información podría considerarse una ruptura de la confidencialidad. González Amador defendió que el correo era oficialmente suyo y, a pesar de que la defensa intentó indebidamente profundizar en este punto, el presidente del tribunal intervino, desestimando su relevancia.

Rodríguez argumentó que sintió la necesidad de filtrar la información sobre el correo de Salto para desmentir una noticia publicada por La Sexta. Admitió que no tenía certeza de los detalles y que su afirmación de que el acuerdo se había paralizado por "órdenes de arriba" era solo una deducción lógica de la situación.

Sorprendentemente, se reveló que la prensa ya tenía conocimiento de la investigación contra González Amador desde hacía al menos un mes antes de la noticia publicada por 'eldiario.es'. En el curso del juicio, el abogado de González Amador aclaró que nunca sugirió que el acuerdo se había descarrilado por instrucciones superiores y también negaron cualquier autorización respecto al envío del "pantallazo" a los medios.

Durante el juicio, la jornada también estuvo marcada por el testimonio de altos cargos de la Fiscalía, quienes confirmaron que las informaciones sobre las negociaciones previas a las presuntas filtraciones ya circulaban en los medios. Se vivió un intento de alinear posturas sobre cómo manejar la comunicación interna, evidenciando diferencias significativas sobre la manera en que la Fiscalía debía abordar el asunto mediático y la presión que estaban enfrentando.

Al final de la sesión, el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, negó haber impartido instrucciones a la Fiscalía General del Estado sobre las filtraciones en este caso, reafirmando que no tuvo acceso a la correspondencia en cuestión, mientras que se centraba en otros temas políticos del momento.

Finalmente, la situación ha puesto de manifiesto las dificultades de comunicación y la falta de claridad interna dentro de la fiscalía, generando un ambiente de incertidumbre que pone en entredicho no solo la imparcialidad del proceso, sino también la integridad del sistema judicial en su conjunto.