"El juez investiga instrucciones a presos etarras en chats de Sortu en el caso de los 'ongi etorris'"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido reabrir la causa en la que se investigaban homenajes a presos de ETA realizados entre 2016 y 2019. La decisión se produce ante la aparición de chats supuestamente administrados por Sortu, en los cuales se darían "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor de ellos".

La Asociación Dignidad y Justicia había solicitado la reanudación de la investigación, a pesar de la oposición de la Fiscalía. El juez accedió a esta solicitud y acordó prorrogar la instrucción de la causa.

A principios de este mes, el Ministerio Público pidió al juez que procesara a varios miembros de ETA y a dirigentes de Sortu, así como a un miembro de la organización Kalera Kalera. Sin embargo, la asociación de víctimas instó al magistrado a continuar con la investigación, argumentando que era una decisión prematura. El juez estuvo de acuerdo y señaló que se encontraron indicios de delito tras el análisis de los dispositivos informáticos de algunos implicados.

En uno de los chats administrado por Sortu, se encontró que uno de los procesados recibía información sobre actos y movilizaciones relacionados con la liberación de presos de ETA, que luego eran difundidos por otras organizaciones. Según el magistrado, en este canal se publicaban directrices e instrucciones sobre la actividad en determinados ámbitos.

Además, se investiga un canal de Telegram administrado por la red ciudadana Sare, que brinda apoyo a los presos, fugados y deportados de ETA. Otro involucrado estaría suscrito a un canal en el que también se imparten directrices e instrucciones sobre asuntos relacionados con los presos y fugados de ETA.

A pesar de estos hallazgos, se desconoce quiénes son los administradores de los canales de Telegram mencionados, por lo que el juez considera esencial averiguar este aspecto para esclarecer los hechos investigados.

Ante todo lo expuesto, el juez García Castellón ha aceptado las alegaciones de la Asociación Dignidad y Justicia y ha revocado la decisión de cerrar la instrucción, extendiéndola por otros seis meses.

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