El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido remitir al Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por el empresario Álvaro Romillo, conocido en círculos digitales como 'Cryptospain', contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Esta decisión se basa en la consideración de que existen "indicios sólidos" que podrían apuntar a un delito de financiación ilegal de partidos políticos, tras la supuesta recepción de 100.000 euros por parte de Pérez para su formación política, denominada 'Se acabó la Fiesta'.

La remisión al Supremo se fundamenta en la redacción de una exposición razonada por parte del instructor, documento que ha sido divulgada por Europa Press. En este texto, Calama argumenta que la presencia de indicios claros de responsabilidad penal contra el eurodiputado justifica que sea el alto tribunal el que tome las riendas del caso, dado el aforamiento del que goza Pérez al desempeñar su cargo en el Parlamento Europeo.

Además, el juez Calama no se limita a remitir solo la denuncia contra Alvise, sino que también incluye elementos que podrían comprometer a Romillo, sugiriendo que el Supremo debería investigar ambos casos de forma conjunta. El juez destaca la "íntima conexión" en las acciones de ambos, sugiriendo que sus conductas representan "la cara y cruz de una misma moneda".

En lo que respecta a Romillo, el magistrado ha expresado su preocupación por la posible existencia de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales". El Código Penal castiga a aquellos que realicen donaciones o aportaciones a un partido, federación o coalición, ya sea de manera directa o a través de un intermediario, lo que implica que la investigación podría ampliar su alcance para incluir también al empresario.

Esta decisión se produce después de que, el pasado octubre, el juez admitiera a trámite la denuncia que Romillo presentó en contra de Alvise. Cuando se inició una pieza separada, Calama señaló que los hechos mencionados en la denuncia podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos, lo que lleva a la actualidad de la situación a presentar un escenario de creciente gravedad.

Cabe destacar que, en un primer momento, el juez ofreció al eurodiputado la oportunidad de declarar voluntariamente en noviembre, pero este no asistió a la cita, lo que podría interpretarse como un intento de esquivar el escrutinio judicial.

Ahora, el juez ha decidido enviar al Tribunal Supremo la denuncia, junto con toda la documentación relacionada con el caso: informes periciales, declaraciones del empresario y la investigación en curso sobre una supuesta estafa vinculada a la plataforma de inversión Madeira Invest.

De acuerdo a las pruebas recopiladas, el eurodiputado habría solicitado la "colaboración" de Romillo para crear un monedero virtual o wallet con el objetivo de recibir donaciones anónimas, evitando así cualquier tipo de control público sobre los fondos. Esta actividad podría estar directamente vinculada a la financiación de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por parte de la agrupación 'Se acabó la Fiesta', liderada por Pérez.

En este contexto, el juez ha señalado que tanto la creación de la wallet como la transferencia de los 100.000 euros fueron realizadas con dirigiéndose hacia una estrategia en la que Alvise podría promover su plataforma bancaria, Sentinel, y su empresa Madeira Invest Club en distintos foros, lo que sugiere un entramado donde el dinero jugaría un papel crucial en la captación de inversores.

El instructor también ha detallado que el primer acto de colaboración entre Pérez y Romillo tuvo lugar en un evento en el hipódromo de la Zarzuela, donde el eurodiputado se dirigió a un numeroso grupo de inversores para presentar su plataforma, alegando que ofrecía altos rendimientos sin contratiempos fiscales. Esto plantea serias dudas sobre la ética de su propuesta y si se encuentra dentro de la legalidad.

Calama considera que las acciones de Alvise podrían ser calificadas como un delito de financiación ilegal según el artículo 304 bis del Código Penal, un delito que puede ser consumado con el mero hecho de realizar la donación, sin que sea necesario que se produzca ningún resultado adicional que la acompañe.

El juez también sostiene que la conducta de Pérez podría entrar en la categoría de un delito electoral, en virtud del artículo 149 de la ley electoral, que implica el falseamiento de las cuentas de los partidos políticos, lo que afectaría a la integridad del sistema electoral y la correcta representación de la voluntad popular, al encubrir la financiación ilegal.

El magistrado concluye con la firme afirmación de que estas conductas comprometen valores fundamentales, cuya protección es esencial para el mantenimiento de un sistema democrático vigoroso y transparente.