En un desarrollo significativo del conocido como 'caso Leire Díez', el juez a cargo, Arturo Zamarriego, ha permitido que el exmagistrado Manuel García Castellón y el empresario Víctor de Aldama participen como acusaciones particulares. Esta decisión se basa en la consideración de que ambos podrían haber sido "víctimas o perjudicados" en situaciones relacionadas con la investigación en curso.

A través de un auto emitido el pasado martes, al que tuvo acceso Europa Press, el juez justifica su decisión señalando que existían motivos suficientes para calificar a Castellón y Aldama como perjudicados, específicamente en lo que concierne a la obtención y divulgación de información sensible relacionada con ellos.

Recordemos que García Castellón y Aldama habían solicitado ser incluidos en el procedimiento a finales de octubre. Esta solicitud se vincula con las acusaciones contra Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, por presuntas prácticas ilícitas tales como el tráfico de influencias y el cohecho.

Según los términos establecidos por el juez, Díez es descrita como la supuesta líder de una red delictiva que, de manera coordinada con Pérez Dolset y Rusiñol, habría estado involucrada en la recolección de información irregular de funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, con el propósito de socavar investigaciones relevantes sobre figuras políticas y empresariales.

En sus declaraciones, García Castellón subrayó que la exmilitante del PSOE habría buscado información perjudicial para él y que, además, realizó acusaciones infundadas que habrían tenido el objetivo de dañar su reputación.

El exmagistrado, que anteriormente ocupó un papel crucial en la Audiencia Nacional, indicó que se enteró, a través de medios de comunicación, de las supuestas acciones de Díez, quien habría estado involucrada en la difusión de noticias falsas con la intención de menoscabar su imagen pública.

Este caso se ha vuelto aún más delicado para el juez jubilado, luego de que su nombre emergiera en una denuncia presentada por el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía de Madrid. La denuncia surgió tras una reunión del fiscal con Díez y Pérez Dolset el pasado 7 de mayo, donde, si bien no se propusieron acciones delictivas explícitas, surgieron interrogantes sobre irregularidades relacionadas con distintas figuras judiciales, incluyendo a García Castellón.

Stampa subrayó que la conversación también tocó el 'caso Villarejo', donde se aludió a que García Castellón, quien estuvo al mando de dicho caso, habría entregado dispositivos al excomisario Villarejo para que este los desencriptara, afirmación que fue desmentida por el propio magistrado.

Por otro lado, De Aldama argumentó su interés en ser parte del caso, alegando que podría haber sido víctima de escuchas ilegales durante su tiempo en prisión, particularmente en lo referente a sus comunicaciones con su abogado, José Antonio Choclán, en el contexto del 'caso hidrocarburos'.

En su defensa, De Aldama presentó documentos elaborados por el agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien está siendo investigado en el contexto del 'caso Koldo'. Villalba mencionó el "interés" de Díez en sus conversaciones y destacó la preocupación por la posibilidad de que estas mantuvieran información comprometedora.

Además, Villalba aseguró que Díez tenía grabaciones de conversaciones entre Aldama y sus abogados sobre sus actividades en el sector de hidrocarburos, añadiendo que se mencionó a un individuo que supuestamente estaba dispuesto a traer petróleo a España.

Una de las revelaciones más serias incluyó la mención de una visita sospechosa que Aldama recibió mientras estaba en prisión, por personas que se presentaron como miembros de la UCO, justo cuando se preparaban estrategias legales antes de su colaboración con la Justicia.

El abogado de Aldama enfatizó que la investigación debería esclarecer la posible existencia de escuchas ilegales, así como las circunstancias que rodearon la visita de los supuestos agentes a la prisión, que no dejó rastro en los registros oficiales.

Finalmente, el abogado solicitó a Díez que aclare cómo se produjo el acceso a las conversaciones confidenciales de Aldama con su abogado, y si esta actividad ilegal tuvo un vínculo con la visita que tanto preocupa a su cliente.