En un reciente anuncio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que por primera vez, el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler se establecerá en un 2,20% interanual, cifra que corresponde al mes de noviembre del pasado año. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para regular los precios del alquiler en un contexto marcado por la inestabilidad económica.

A partir de 2025, todos los contratos de alquiler que busquen actualizar su renta y que fueron firmados desde la implementación de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023, deberán ajustarse al nuevo índice definido por el INE. Este cambio busca ofrecer una forma más estandarizada y controlada para la revisión de las rentas a nivel nacional.

El INE se compromete a publicar este índice de forma mensual, estableciendo un límite para la actualización anual de los arrendamientos de vivienda. Este índice se calcula con dos decimales y se actualiza utilizando los datos mensuales más recientes, lo que influirá directamente en la revalorización de los contratos firmados después de mayo de 2023.

El cálculo de este índice tiene en cuenta varios factores, incluyendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación subyacente, así como las variaciones anuales de estos índices en cada periodo. Además, se incorpora un parámetro propuesto por la Dirección General de Política Económica que se relaciona con el crecimiento previsto a largo plazo del índice.

Para garantizar una moderación en el crecimiento de las rentas, se aplicará un coeficiente definido tras un consenso entre la Dirección General de Vivienda, Suelo y la Dirección General de Política Económica, considerando las condiciones del mercado de alquiler actual. Esto refleja la respuesta del gobierno a las presiones económicas y sociales surgidas en el último año.

Con la introducción de este índice, el INE establece que el límite para la actualización anual de los arrendamientos será el valor más bajo entre la variación anual del IPC, la inflación subyacente y la media ajustada según la metodología aprobada. Esta estrategia busca prevenir aumentos exagerados en las rentas que puedan afectar a las familias españolas.

El anuncio de este índice también da cumplimiento a la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ordena al INE crear un índice de referencia antes del 31 de diciembre de 2024. Este índice funcionará como un tope para evitar incrementos desproporcionados en los precios de los alquileres.

En 2024, el aumento correspondiente a las anualidades de alquiler fue limitado de manera extraordinaria al 3% debido a las tensiones inflacionarias ocasionadas por la guerra de Ucrania. Sin embargo, este no ha sido el único límite impuesto por el gobierno como parte de su estrategia para gestionar la crisis inflacionaria. En años anteriores, la actualización de los contratos de alquiler para 2022 y 2023 se había hecho en función del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que estaba topado al 2% y nunca podría ser inferior al 0%.

Por otro lado, aquellos contratos firmados antes de la implementación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que corresponde a previos a mayo de 2023, continuarán actualizando sus rentas anualmente con base en el IPC o el IGC, según lo estipulado en los términos del contrato de alquiler correspondiente. Esta distinción es crucial para entender las diferentes normativas que afectan a los inquilinos actuales.

Según han indicado fuentes del Ministerio de Vivienda a Europa Press, la revalorización anual de la renta de los inquilinos que firmaron contratos antes de mayo de 2023 se realizará usando el dato de inflación vigente en el momento de cada actualización o el IGC, que no podrá superar el 2%. Esto asegura que, aun en tiempos difíciles, los inquilinos tengan cierta protección frente a aumentos de precios extremos.