El ICE adquiere guantes de descargas eléctricas por 14 millones de euros en medio de polémica
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha contratado por 16,7 millones de dólares (más de 14 millones de euros) la compra de 6.000 guantes capaces de administrar descargas eléctricas. La adquisición busca ofrecer una alternativa menos letal para el control en arrestos y disturbios.
Esta decisión se enmarca en un contexto de incremento en las tensiones y críticas hacia el uso de la fuerza por parte del ICE, especialmente tras denuncias de abusos en diversas ciudades estadounidenses. La compra ha sido justificada por la agencia como una medida para reducir riesgos y evitar armas más peligrosas.
Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo en el Congreso. Un grupo de senadores, liderados por la demócrata Catherine Cortez Masto, ha instado a reconsiderar la adquisición, alegando preocupaciones sobre su seguridad, proporcionalidad y riesgos de abuso. La polémica también responde a un debate más amplio sobre la legalidad y ética en el uso de armas no letales.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han alertado sobre los potenciales peligros de estos dispositivos. Argumentan que el uso de armas eléctricas en manos de una agencia con poca supervisión puede derivar en daños graves y abusos, en un contexto donde ya se reportan incidentes de uso excesivo de la fuerza.
Este caso refleja las tensiones políticas en EE.UU. respecto a las políticas migratorias y de control de fronteras, en un momento en que la administración federal enfrenta presiones para reformar prácticas de seguridad y garantizar derechos fundamentales. La decisión del ICE podría marcar un precedente en el uso de tecnologías de control en instituciones similares a nivel internacional.
En el escenario futuro, la polémica sugiere una mayor escrutinio por parte del Congreso y la sociedad civil sobre el uso de armas menos letales. La tendencia hacia tecnologías de menor impacto podría verse frenada o reforzada, dependiendo de la respuesta pública y la supervisión institucional ante posibles abusos.