En Madrid, el 24 de noviembre, se ha llevado a cabo una reunión clave entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF, donde el Gobierno ha reiterado su propuesta de incrementar los salarios de los funcionarios en un 11% durante el periodo 2025-2028. Además, se comprometió a promulgar un Real Decreto-Ley este mes que permitirá una subida del 2,5% a partir del próximo diciembre, retroactivo al 1 de enero de 2025, según fuentes cercanas a las negociaciones.

La oferta del Gobierno se caracteriza por su naturaleza fija, sin los componentes variables que eran parte del acuerdo anterior. Según representantes de CCOO, esto podría traducirse en un incremento total del 11,45% en el periodo mencionado, considerando el ajuste en las tablas salariales que se aplicará a lo largo de los años.

No obstante, CCOO ha manifestado sus reservas sobre la propuesta actual, centrando su preocupación en el aumento salarial para 2025 y 2026, que el Ejecutivo ha establecido con un límite del 4% para ambos años. Esta cifra ha sido calificada de “insuficiente” por el sindicato, generando tensiones en el proceso de negociación.

En un comunicado, CCOO ha expresado su intención de continuar con las conversaciones, mostrando optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, también han dejado abierta la puerta a la reactivación de movilizaciones, incluyendo la convocatoria de una huelga en el sector público si el Gobierno no muestra disposición a ceder en sus propuestas.

Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 18:00 horas para continuar con las discusiones. La reunión de hoy se extendió durante más de cinco horas y estuvo liderada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. Este encuentro es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Ministerio para negociar un marco plurianual con mejoras salariales y laborales para los más de tres millones de funcionarios en el país.

Cabe recordar que el acuerdo salarial previo entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente desde 2022 hasta 2024, y contempló tanto aumentos fijos como variables. Este pacto permitió un incremento aproximado del 10% en los salarios de los funcionarios durante ese periodo, lo que supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros, cuando se firmó en otoño de 2022 en un contexto de inflación del 10% en ese momento.