El Gobierno rechaza la propuesta del PP que restringe la regularización migratoria por un costo de 16,8 millones.
En un reciente giro de acontecimientos, el Gobierno español ha decidido bloquear la consideración en el Congreso de una enmienda presentada por el PP, Vox y Junts, que fue inicialmente introducida en el Senado como parte de la ley destinada a combatir la multirreincidencia en el contexto del actual proceso de regularización de inmigrantes. El Ejecutivo argumenta que la implementación de esta enmienda requeriría la contratación de 400 nuevos funcionarios de Extranjería, lo que conllevaría un gasto adicional de 16,8 millones de euros.
Esta iniciativa legislativa sobre la multirreincidencia, respaldada por Junts y puesta en marcha por el PSOE tras la ruptura negociadora con los independentistas, se debatirá este jueves en el Pleno del Congreso para su aprobación final, donde se consideran las enmiendas que fueron propuestas en el Senado.
No obstante, se anticipa que no todas estas modificaciones serán sometidas a votación, debido al veto ya anunciado por el Gobierno. A través de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se ha avisado a la Mesa del Congreso sobre la intención de rechazar dos enmiendas que, según las previsiones de los socialistas, habrían tenido muy pocas probabilidades de prosperar este jueves.
Una de estas enmiendas, impulsada por el PP, demanda al Gobierno la ampliación de los puestos fiscales en las áreas provinciales y en las comunidades autónomas, estableciendo la necesidad de contar con un fiscal por cada 100.000 habitantes, o un fiscal adicional por cada fracción que supere los 50.000. Sin embargo, el Ejecutivo ha desestimado esta propuesta, argumentando que requeriría la convocatoria de 491 plazas fiscales, lo que generaría un coste adicional de aproximadamente 53,79 millones de euros.
Otra enmienda, que buscaba realizar modificaciones en la Ley de Extranjería, tenía como objetivo asegurar que, en los procedimientos de regularización de inmigrantes, el solicitante no tuviese antecedentes penales ni estuviese involucrado en causas abiertas en España u otros países anteriores. A diferencia del proceso de regulación actual, que permite una simple declaración jurada, la enmienda del PP solicita que la ausencia de antecedentes sea oficialmente certificada por las autoridades competentes.
El Gobierno se opone a esta modificación, argumentando que la exigencia de tal certificación requeriría la creación de 400 nuevos puestos de funcionarios en las oficinas de extranjería, lo que conllevaría un incremento presupuestario adicional de 16,78 millones de euros, de acuerdo a datos recopilados por Europa Press.
Conforme a la Constitución, el Gobierno posee la facultad de vetar propuestas legislativas que impliquen un aumento en el gasto o una reducción de ingresos. Sin embargo, cualquier justificación para dicho veto debe estar adecuadamente fundamentada y respaldada por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar ostentan la mayoría absoluta.