El Gobierno español, encabezado por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se dispone a presentar este martes ante el Consejo de Ministros un nuevo anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. Esta medida aspira a establecer un límite del 35% en la cantidad de publicidad institucional que se puede colocar en los medios de comunicación.

La legislación, impulsada por Óscar López, tiene como objetivo adaptar la normativa española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), buscando así una coherencia con las directrices continentales en este ámbito.

Esta acción forma parte de un ambicioso 'Plan de Acción por la Democracia', anunciado por el Gobierno en septiembre de 2024, que incluye un total de 31 reformas relevantes que, además de afectar a los medios de comunicación, también inciden en los partidos políticos y el Poder Legislativo.

El plan contempla, entre otras medidas, la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, con el fin de incorporar principios de "transparencia, proporcionalidad y no discriminación" en la distribución de fondos destinados a la comunicación. Esto implica limitar la capacidad de las administraciones públicas para financiar medios de comunicación, evitando así que estos se conviertan en herramientas de propaganda del propio Estado.

En el marco de la reforma mediática, el Gobierno también ha puesto en marcha otras acciones, incluyendo cambios en las leyes que rigen el derecho al honor y el derecho de rectificación, así como disposiciones sobre la protección del secreto profesional de los periodistas y proveedores de servicios de medios de comunicación.

Adicionalmente, se encuentra en trámite parlamentario la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, que establece un registro estatal de proveedores de servicios de comunicación. Este registro, que estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), requerirá que los medios de ámbito estatal reporten información actualizada sobre su propiedad y la cantidad de fondos públicos recibidos por concepto de publicidad estatal, así como por ingresos provenientes de entidades públicas de otros países.